En España se practican cada año alrededor de cien esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, la mayoría mujeres, lo que supone más de mil personas en la última década, según la Confederación Salud Mental España a través de su campaña ‘#NuestraSaludNuestrosDerechos’.
Según denuncian a través de un comunicado, estos procedimientos son «legales» en España según el artículo 156 del Código Penal «a pesar de que contravienen convenios internacionales y vulneran los derechos de las afectadas». También la ONU lo ha calificado como «inaceptable». Según el Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, los abortos y las esterilizaciones forzadas «pueden constituir tortura».
«Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera los derechos humanos», lamentan desde Salud Mental España. Solo en 2017 se practicaron 93 esterilizaciones forzosas en España y, según la Fundación CERMI Mujeres, en la última década se han resuelto en los juzgados un total de 1.017 procesos en este ámbito.
«Existe en cualquier caso una falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que impide conocer en detalle la situación de este problema, ya que no se especifica cuál es la resolución final de cada procedimiento, ni se desagregan los datos por sexo o edad», aseguran.
En este sentido, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, explica que las mujeres con discapacidad psicosocial son presentadas como «excepciones a una regla que se ha conformado bajo la sombra de mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la ‘buena madre’ y la ‘loca peligrosa'».
«La sombra de estos mitos es muy alargada y se cierne como una barrera infranqueable a la hora de que estas mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones con las demás, aunque los poderes públicos tengan la obligación de garantizarlos», detalla.
Según la Confederación, estas prácticas están «muy vinculadas» al estereotipo de que las mujeres con discapacidad no tienen capacidad para ser madres. «Cuando la condición de ser mujer se ve atravesada por otras circunstancias como tener un problema de salud mental, los mandatos de género sobre la maternidad se ven desactivados. Todos estos procesos de estigmatización, donde entran en juego el género y la salud mental, originan que el control sobre sus cuerpos esté orientado hacia la negación o invisibilización de su salud sexual y capacidad reproductiva», afirma Remedios Perogil Sabán, experta en género de Salud Mental España y técnica del Área de Proyectos y Estudios.
Por último, la campaña critica que «en muchas ocasiones» no se tienen en cuenta los efectos que los fármacos pueden provocar en la sexualidad de las mujeres con problemas de salud mental. «Desde la Confederación se defiende que no hay que infravalorar el impacto de la disfunción sexual en sus vidas, y se les deben ofrecer información y alternativas terapéuticas», concluyen.
