Recientemente informamos de que rechazar a una persona sorda por usar la lengua de signos se incluía como discriminación, según la Ley de Igualdad de Trato y Nos Discriminación, conocida como ‘Ley Zerolo’. Pues ahora ha sido la que Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha celebrado dicha decisión. Y es que esta ley, que ha entrado en vigor recientemente, hace justicia con los derechos de las personas sordas.
«Se trata de una medida ejemplar que viene a ampliar el marco de protección para nuestro colectivo», ha manifestado el presidente de la entidad, Roberto Suárez.
Tal y como ha señalado, con esta medida se obliga a garantizar el acceso a información y asesoramiento de las personas con discapacidad. Todo ello, a través de formatos accesibles y comprensibles. Además, se reprueba el rechazo de adaptaciones o modificaciones que promuevan la participación y disfrute de todas las personas sin excepciones.
«Se trata tanto de poder acceder en lengua de signos, o con los recursos que cada persona sorda necesite, a la información y a la comunicación y a la vida en comunidad, como de que las personas sordas que nos comunicamos en lengua de signos no seamos discriminadas por ello», ha destacado Suárez.
Desde la Confederación también destacan el objetivo de aplicación que se recoge en la ley. Según señala, al tratarse de una ley transversal, alcanza a «todas las esferas de la vida política, económica, cultural y social».
Inclusión a favor de las personas sordas
De este modo, según ha apuntado la CNSE, cualquier política pública sobre empleo, afiliación y participación, educación, sanidad, prestaciones y servicios sociales, acceso a bienes y servicios a disposición del público, vivienda, y medios de comunicación y publicidad, deberá contemplar también a las personas sordas.
El presidente de la entidad ha explicado que «la igualdad de trato y la no discriminación no admite exclusiones». A su juicio, «no es cuestión de privilegios o de mayorías». Aunque «tampoco depende de la discapacidad», sino que es «un derecho inherente a todas las personas».
Por último, Suárez se ha mostrado confiado en que la ley Zerolo contribuya a fortalecer un marco jurídico que apoye la promoción de las lenguas de signos como garante del ejercicio de los derechos de las personas sordas.
«El uso de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito», ha recordado.
