España necesita dar un paso más allá y adecuarse mejor a las necesidades de todas las personas. Por ello, el 71% de las denuncias sobre discapacidad que recopiló el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) durante el año 2017, recogido en su informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, fueron a causa de carencias o ausencia de accesibilidad universal.
De hecho, Jesús Martín (delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad) fue muy claro durante su intervención en la jornada titulada ‘En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad’, organizada por el CERMI y celebrada este lunes en la sede del Consejo General de la Abogacía: “Lamentablemente todavía tenemos que recoger muchas más denuncias que avances y propuestas de mejora”.
Además, Jesús explicó que España ha incumplido con los plazos acordados que se marcaron para este ámbito: “El 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido». Y fue muy duro y crítico con esta actuación: «Supone un fracaso como sociedad”.
En este informe anual, correspondiente al 2017, se recoge que los siguientes aspectos a mejorar en España, según el número de denuncias recibidas por el CERMI, son el empleo y el derecho a una vida independiente, correspondientes a los artículos 27 y 28 de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, respectivamente.
