A principios de 2025, el 11 de febrero para ser exactos, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez daba luz verde al anteproyecto de ley para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Hablamos de la reforma de la ley de Dependencia y la ley de Discapacidad, con el objetivo de implantar «un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal».
La reforma de la Dependencia y Discapacidad iniciará su tramitación en septiembre
Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha informado que la voluntad de su Ministerio es que el texto se remita a las Cortes Generales para que comience su tramitación en el mes de septiembre, a inicios del próximo periodo de sesiones.
La secretaria asegura que «se acaba de enviar al Consejo Económico y Social para, a continuación, continuar su tramitación interna y remitirlo, finalmente, al Consejo de Estado. Nuestra voluntad es que el texto se remita a las Cortes Generales para su trámite parlamentario a inicios del próximo periodo de sesiones».
Sobre la propia ley, ha asegurado que durante la fase de exposición pública se recibieron 248 aportaciones de entidades y personas físicas, además de recabar informes perceptivos y haber mantenido reuniones con diferentes colectivos, agentes sociales, así como todos los gobiernos autonómicos, que han servido para «enriquecer y mejorar el texto».
De hecho, ha señalado que «ninguno» de los actores, comunidades autónomas, sindicatos, patronales, entidades sociales y personas expertas, con los que han contrastado el texto de la ley ha cuestionado el objetivo ni el enfoque de la reforma. Eso sí, ha destacado que «algunas voces, especialmente desde los gobiernos autonómicos, se ha defendido una postura en la que consideran que sin incremento de financiación o incluso sin el cumplimiento total previo de la actual ley, esta reforma no tiene sentido».
En 2030 habrá 400.000 personas más en el sistema de Dependencia
Rosa Martínez ha destacado que, según las previsiones, en 2030, «en solo cinco años, habrá 400.000 personas más» en el sistema de la atención a la dependencia. Por todo ello, ha señalado que si España continúa con el marco normativo actual, «rígido, poco personalizable», solo va a dar respuesta «parcialmente a un número creciente de personas» y «de una manera muy alejada de las demandas ciudadanas».
Con esta subida de la demanda, en 2030 harán falta 263.000 profesionales adicionales en el sistema de atención a la dependencia. «Como se pueden imaginar, la magnitud del reto asusta», ha asegurado. Por ello, también se quiere llevar a cabo una posible modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional para «flexibilizar» la formación de las personas que deseen trabajar en el sistema de atención a la dependencia.
La consejera destaca que «esto es una cuestión demandada tanto por comunidades autónomas como por proveedores y creemos que la modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional nos puede dar una salida, es una cuestión sobre la que ya estamos trabajando y esperamos que el año que viene esté ya en marcha».
