El Comité de Apoyo de la Convención de la ONU reitera la necesidad de “no discriminar” ni “estigmatizar” a las personas con discapacidad en la nueva ley de la eutanasia. Así se ha manifestado esta entidad experta conformada por representantes de la sociedad civil con organizaciones de derechos humanos y de la discapacidad, de la esfera parlamentaria, del ámbito institucional, los operadores jurídicos, la academia, los agentes sociales, entre otros. El CERMI, como mecanismo independiente de esta Convención, cuenta con este comité como instancia experta, abierto a la sociedad civil, que respalda y asiste al CERMI en esta tarea.
De esta manera, el Comité ha aludido a la importancia de mejorar la regulación de la eutanasia para que no contradiga la Convención de la Discapacidad y ha lamentado que se señale en el texto de la norma a las personas con discapacidad como “vidas descartables”.
En este sentido, se ha hecho alusión al documento de enmiendas que elaboró el CERMI en el que pedían también eliminar el término ‘imposibilitante’ y la definición con una clara evocación a las situaciones de discapacidad a fin de evitar, precisamente, cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
Además, ha recordado que ya se han pronunciado sobre esto el órgano de seguimiento en Naciones Unidas de este tratado, el Relator de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, el Instituto de Derechos Humanos ‘Peces-Barba’ de la Universidad Carlos III, Human Rights Watch o el Foro Europeo de la Discapacidad.
«La vida de las personas con discapacidad es igualmente valiosa»
Para el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, “la vida de las personas con discapacidad es igualmente valiosa que la del resto de seres humanos” y la respuesta normativa ante las decisiones sobre el final de la vida “no tienen que estar basadas u orientadas sobre aspectos como la discapacidad o la edad”, pues esto constituiría del capacitismo “discriminación derivada de prejuicios sociales”.
En este sentido, Martín ha recalcado que “no se está cuestionando el derecho ni esta regulación, sino que se está cuestionando la discriminación”. “No queremos volver a los años 70, queremos que a discapacidad no tenga una significación particular en la norma, queremos estar presentes y hacer uso de este derecho, pero sin ser población diana”. El Delegado ha valorado las salvaguardas que incluye la ley para la expresión de la voluntad de las personas con discapacidad, por eso no entiende que se proteja y al tiempo se discrimine”.
Eliminación de internamientos forzosos por razón de ‘trastorno psíquico’
Además, durante la reunión se ha anunciado que el CERMI tratará de eliminar los internamientos forzosos por razón de “trastorno psíquico” ya que, a su juicio, supone una medida de “privación de libertad”, incompatible con los derechos humanos de las personas con discapacidad.
De esta manera, la plataforma de la discapacidad ha anunciado que está trabajando conjuntamente con el Instituto de Derechos Humanos ‘Gregorio Peces-Barba’ de la Universidad Carlos III de Madrid para elaborar un estudio, promovido por Salud Mental España con apoyo del CERMI, sobre esta cuestión que servirá de base para presentar una proposición de ley que tenga contempladas todas las medidas alternativas a las contenciones e internamientos.
En este sentido, el objetivo del CERMI pasa por plantear una propuesta de modificación del artículo 763 del código civil, que actualmente permite en España este tipo de internamiento, lo que para la plataforma “vulnera” los mandatos en cuanto a la protección de la libertad personal establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
