Cantabria recibirá este año del Estado casi 40 millones de euros para mejorar las prestaciones del sistema de dependencia. De ese total, 28,7 millones se corresponden con la asignación a la comunidad del Plan de Choque. Dicho informe ha sido diseñado por el Gobierno de España. Dicho trabajo fue aprobado en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Todo ello con el reparto de fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; por el que llegarán a la región otros 10,9 millones en 2021.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha valorado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria a través de la llegada de estos recursos que contribuirán a «reforzar» el servicio público de dependencia autonómico, algo que ya ha hecho Andalucía. Además, también se busca prestar una mejor atención a los cántabros.
Álvarez ha destacado la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; ya que cuentan para el desarrollo de un Plan de Choque que «viene a revertir los recortes que tenemos en dependencia desde el año 2012 y supone que la aportación del Estado en Cantabria se incremente para el 2021 en un 63%».
Cantabria, segunda comunidad con mayor incremento porcentual
Además, ha señalado que Cantabria es la segunda comunidad autónoma con mayor incremento porcentual en relación a 2020. En dicho año cambio de recibir 17 a casi 29 millones de euros. Esto supone que Cantabria recibirá el 2,3% sobre el total de los fondos.
Sobre el Plan de Reconstrucción, la consejera ha explicado que Cantabria recibirá el 1,5% de los 730 millones de euros. Esta cantidad es ligeramente por encima de su peso poblacional. Además, se destinará a la ejecución del Plan de Apoyo de Cuidados y Larga Duración; el Plan de Modernización de los Servicios Sociales o los Planes de Accesibilidad, entre otras actuaciones.
Además, en la reunión del Consejo, en la que Álvarez ha participado por videoconferencia, se han concretado los criterios de reparto y los ejes estratégicos en torno a los que girarán los proyectos que deberán presentar las comunidades autónomas.
La consejera cántabra ha estado acompañada en el encuentro por la directora del ICASS, Maria Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto.
Plan de Choque en dependencia 2021-2023
El Plan de Choque en Dependencia propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende mejorar las prestaciones y servicios para las personas dependientes, reducir las listas de espera, reforzar los derechos que reconoce la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), mejorar y simplificar la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y «aumentar significativamente» la financiación del Estado.
En concreto, se proponen como medidas principales establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas estableciendo cuantías mínimas, incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación, y ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios.
Además, se plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, analizar y revisar el actual modelo de copago y reconocer la aportación de las entidades locales.
Fondos del Plan de Reconstrucción
En cuanto a los fondos del Plan de Reconstrucción, se destinarán a inversiones en nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración; la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de cuidados domiciliario como la teleasistencia avanzada; la transformación tecnológica de los servicios sociales; el desarrollo de proyectos piloto de innovación y la modernización de infraestructuras.
Otra de las líneas estratégicas será la digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños y adolescentes, en especial de migrantes no acompañados o con necesidades especiales.
Para la distribución territorial de los fondos se tienen en cuenta las mismas variables y ponderaciones que se utilizan para en el Plan Concertado de Servicios Sociales. Estos son población (90%), superficie (5%), población dependiente (2,3%), dispersión (1,5%), grandes urbes (0,7%) e insularidad (0,5%).
En este Consejo Territorial se han aprobado los criterios de distribución y la estimación del reparto de fondos por comunidades autónomas. Estas tendrán que ratificarse en un próximo encuentro con el Ministerio una vez que estén cerradas las estadísticas relativas al ejercicio 2020.
