La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha manifestado su preocupación ante la desprotección a la que se enfrentan las personas sordas en situaciones de emergencias debido a la ausencia de información en lengua de signos.
Una falta de accesibilidad que ha estado presente en las comparecencias y ruedas de prensa que el Gobierno. Como las que ha dirigido a la ciudadanía con motivo de la borrasca Filomena que en los últimos días ha azotado nuestro país. Asimismo, se ha hecho extensiva a la atención telefónica ofrecida por aquellas administraciones públicas afectadas por el temporal. “Esta discriminación informativa no solo impide que la población sorda sea partícipe de mensajes cruciales para la ciudadanía, sino que pone en riesgo su seguridad y sus vidas”, asegura Concha Díaz, presidenta de la CNSE.
Para Díaz, “es obligación del estado español no dejar atrás a las personas más vulnerables». Asimismo, asegura que la «vulnerabilidad que en nuestro caso está relacionada con las barreras informativas y comunicativas”. Sin embargo, una vez más, ha sido la Confederación la que ha tenido que poner a disposición sus propios recursos para hacer frente a este aislamiento comunicativo que afecta a las personas sordas; ya sea a través del servicio de videointerpretación SVIsual o mediante la elaboración de vídeos informativos que incorporen lengua de signos y subtitulado. “No puede ser que cada vez que se produzca una alerta o situación excepcional; tengamos que reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental como es el derecho a la información y a la comunicación”, ha apuntado.
Asegurar la accesibilidad a la información y la comunicación
En este sentido, la presidenta de la CNSE insiste en la necesidad de poner en marcha protocolos de accesibilidad a la información y la comunicación en situaciones de emergencia para las personas sordas. Tal y como se contempla entre otras, en la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en la ley 27/2007. En ella se reconocen las lenguas de signos españolas, en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; e incluso en la Constitución Española. “Avanzar hacia una sociedad en la que la seguridad y la inclusión sean aliadas inseparables ha de ser un compromiso compartido”, ha concluido.
