El Ministerio de Hacienda está desarrollando una nueva medida que entraría en vigor en 2025 y que afectará a millones de contribuyentes en España. Esta medida implicará a que todas las operaciones realizadas con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales deberán ser informadas a la Agencia Tributaria. Esta normativa tiene como objetivo reforzar la vigilancia sobre los movimientos financieros y combatir posibles fraudes fiscales relacionados con el uso de medios de pago electrónicos.
El auge de los pagos digitales ha llevado a las autoridades a intensificar el control sobre las transacciones electrónicas, en un esfuerzo por mejorar la transparencia fiscal. Hasta ahora, solo determinados movimientos bancarios estaban sujetos a comunicación obligatoria, pero con esta nueva normativa, el Gobierno busca ampliar su capacidad de supervisión y evitar el uso indebido de estos medios de pago.
Qué implica la nueva normativa para los contribuyentes
La principal novedad de esta medida es que serán los bancos y entidades financieras los responsables de reportar a Hacienda todos aquellos pagos con tarjeta que superen el umbral de 25.000 euros anuales. Esta obligación incluye tanto tarjetas de crédito y débito como tarjetas virtuales y monederos electrónicos.
Este cambio no supone una carga adicional para los ciudadanos en términos administrativos, ya que no tendrán que realizar ninguna declaración especial ni presentar documentación adicional. Sin embargo, los contribuyentes deberán asegurarse de que sus movimientos financieros sean transparentes y estén debidamente justificados ante posibles requerimientos de la Agencia Tributaria.
Cómo afectará esta medida al control del fraude fiscal
El objetivo principal de esta nueva regulación es fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La Agencia Tributaria podrá cruzar datos con otras fuentes de información para detectar discrepancias y posibles irregularidades en las declaraciones fiscales de los ciudadanos y empresas.
Este mecanismo de control permitirá a Hacienda tener un registro más preciso de los hábitos de gasto de los contribuyentes y detectar patrones sospechosos, como fraccionamiento de pagos o transferencias no justificadas, que puedan sugerir intentos de evasión fiscal.
Cuándo entrará en vigor y próximos pasos
La nueva normativa ya está en proceso de desarrollo y se espera que sea aprobada de manera definitiva por el Consejo de Ministros en los próximos meses. Su aplicación comenzará en 2025, y la primera declaración por parte de los bancos se realizará en 2026, reportando las operaciones correspondientes al año anterior.
Mientras tanto, las entidades financieras deberán prepararse para ajustar sus sistemas y asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones de reporte. Hacienda, por su parte, ha anunciado que publicará una guía detallada con instrucciones sobre el procedimiento de comunicación de estos datos.
Con esta medida, el Gobierno refuerza su estrategia de digitalización y control fiscal, garantizando un mayor nivel de transparencia en las transacciones electrónicas y reduciendo el margen para la economía sumergida.
