Plena inclusión España ha denunciado ante la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19’ presentado por el Gobierno a mediados de julio implica, entre otras consecuencias, un aumento del gasto de hasta 15 millones de euros al mes en los centros de personas con dicapacidad intelectual, por las medidas que hay que poner en marcha para proteger a los residentes del Covid19.
Esta confederación trabaja defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y gestiona 1.016 centros residenciales en los que conviven cerca de 17.000 personas con discapacidad intelectual. Varios a de sus residencias han recibido oficios de fiscalías provinciales exigiendo información sobre la aplicación de las medidas preventivas, según explica.
Prevenir el contagio
Las normas, que tienen como fin prevenir cualquier tipo de contagio, han generado «un enorme impacto económico y organizativo no previsto en las entidades que gestionan estos centros», apunta Plena Inclusión en un comunicado.
En el texto, recogido por Europa Press, se enumeran algunas de las medidas que han tenido que poner en marcha, como equipos de protección recomendando, un stock de al menos un mes; la realización de PCR a trabajadores y residentes; o sectorización de las instalaciones en unidades de convivencia más reducidas.
Sin financiación de las administraciones
«Entendemos que todas estas medidas son urgentes y necesarias y por ello las estamos implementando. Lo que las administraciones públicas no han contemplado es que su aplicación exige de recursos adicionales que las entidades que gestionan las residencias no tienen», ha denunciado Santiago López, presidente de la confederación.
De acuerdo a las estimaciones de Plena Inclusión, la aplicación en sus centros y servicios residenciales de medidas de prevención frente al Covid durante el pasado confinamiento han supuesto un aumento del 30% del coste por plaza, «sin que las administraciones que han exigido estas medidas hayan financiado su aplicación».
En este sentido, recuerda que 925 entidades que forman parte de Plena inclusión son organizaciones sin ánimo de lucro y que, por tanto, no obtienen ningún beneficio económico de la atención a las personas a las que presta apoyo. «De hecho, nuestros servicios en muchos casos resultan deficitarios debido a la calidad de la atención que ofrecen y que en la mayoría de los casos no es totalmente cubierta por los conciertos con las administraciones competentes», apunta.
