Solo una de cada cinco personas activas con discapacidad intelectual tienen empleo. Así lo recoge en un informe Dincat, que además explica 50 propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de inserción laboral, centrado en que las personas con discapacidad consigan trabajo.
Según datos del INE, en 2019, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual se situaba en el 30,3%. En este caso, disminuía hasta un 12,7% en personas con un grado reconocido superior al 75%. Si hablamos de las personas sin ninguna discapacidad, era del 77,7%, ha informado Dincat.
En la tasa de empleo, la de las personas con discapacidad intelectual solo llegaba al 20,4%, mientras que la de personas sin discapacidad se situaba en un 66,9%. Esto representa que solo una de cada cinco personas en activo con discapacidad intelectual está trabajando.
Por otra parte, las personas con especiales dificultades perciben un salario equivalente en el 82,9% de lo que cobraría una persona sin discapacidad. Todo ello en el mismo nivel profesional, evidenciándose «la brecha salarial existente».
Esta situación, según Dincat, se ha vista agravada a raíz de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Además, cerca de un 10% de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental ocupadas en la empresa ordinaria ha perdido su trabajo en el último año.
«Las cifras demuestran una brecha abismal que justifica, sin duda, la necesidad de mejorar el actual modelo de inserción laboral de este colectivo». Así lo señalaba el director de Dincat, Carles Campuzano.
Aumentar la cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad
Uno de los retos que señala el informe es la necesidad de incrementar los recursos, los apoyos y la financiación para la contratación de las personas con discapacidad intelectual. Además, ve necesario vincular los apoyos a los itinerarios de inserción laboral y ampliar la actual cuota del 2% de reserva a favor de personas con discapacidad prevista legalmente hasta el 4% –reservando un mínimo del 1% para personas con discapacidad intelectual–.
Otra de las problemáticas que refleja el estudio de Dincat es el de la jubilación anticipada. Aseguran que el actual modelo no tiene en cuenta las condiciones de estas personas. Ahora tienen un envejecimiento prematuro y más dificultades de acceder al mercado laboral a lo largo de su vida.
Dincat ha lamentado, a tenor del informe, que las posibilidades de integración de las personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral y la consiguiente opción de obtener ingresos propios son «escasas». Esto hace que la discapacidad es un factor que agrava la exclusión laboral.
La entidad ha defendido la necesidad de que las prestaciones y ayudas que pueden recibir las personas con discapacidad intelectual tengan en cuenta este escenario tan complejo. Con ello esperan que permitan «compensar realmente este agravio económico».
Por último, ha pedido garantizar la compatibilidad entre prestaciones sociales y el trabajo remunerado. Además, quieren desvincular las pensiones no contributivas de la unidad económica de convivencia; y revisar los criterios para acceder al Ingreso Mínimo Vital.
