En 2024 entrará en vigor una nueva medida que tendrá efectos sobre la nómina de los trabajadores. Se trata de un nuevo impuesto obligatorio a modo de cotización a la Seguridad Social, que tiene como finalidad aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como ‘hucha de las pensiones’.
Con todo ello, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, introdujo en la última reforma de pensiones el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El MEI supone una cotización extra a la Seguridad Social, que deben afrontar tanto empresa como trabajador. Así, esa parte de este impuesto se destina a aumentar el colchón de la ‘hucha de las pensiones’.
IMPUESTO DEL MEI
La finalidad del MEI es garantizar el pago de las pensiones de cara a la jubilación de la generación del ‘Baby Boom’. Es decir, desde la Seguridad Social buscan garantizar el pago de las pensiones sin provocar una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.
En este año 2023, el impuesto del MEI supone una cotización del 0,6%. Así, 0,5 puntos corresponden al empresario y 0,1 puntos al trabajador. Es decir, tiene efectos tanto para la empresa como para el empleado.
La aplicación del MEI ha provocado una reducción en el salario neto del trabajador. Desde la Unión Sindical Obrera explican que «aunque la mayor carga del impuesto recae en el empresario o el autónomo, el trabajador perderá un 0,1 % de su salario neto a percibir».
SUBIDA EN EL AÑO 2024
Para el año 2024 se espera una nueva subida sobre el impuesto del MEI, que repercutirá sobre la nómina de los trabajadores. Es más, la reforma de pensiones de Escrivá contempla un aumento progresivo hasta el año 2050.
Así, desde el 1 de enero de 2024, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) será del 0,7% en la nómina de cualquier trabajador, independientemente de su edad y salario. De dicho porcentaje, un 0,58% corresponde a la empresa y un 0,12% al trabajador
Cuando se ponga fin a esta medida, en el año 2050, el MEI se situará en 1,2% de la nómina. Entonces, un 1% corresponderá a la empresa y un 0,2% al trabajador, con lo que ello conlleva para la nómina.
Desde la Unión Sindical Obrera critican este impuesto y señalan que no es realmente necesario. Así, argumentan que «el sistema público de pensiones es completamente sostenible sin el corrector intergeneracional. El déficit de cotizaciones no obedece a la insostenibilidad del sistema tal y como está concebido, sino a los fallos del mercado laboral y su regulación. Así, el aumento de los contratos a jornada parcial o los fijos discontinuos que se pasan meses desocupados perjudican las cotizaciones».
En definitiva, se trata de un impuesto que sustituye al Factor de Sostenibilidad que se estableció en la reforma de pensiones del año 2013, que constituía un considerable recorte sobre la pensión inicial. Tal y como hemos citado inicialmente, el objetivo principal consiste en aumentar el Fondo de Reserva de las Pensiones durante los próximos años.
