En el juicio llevado a cabo el pasado 26 de marzo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha salido victorioso en su recurso interpuesto por la inactividad del Gobierno en su obligación de aprobar una norma que regule las condiciones básicas de accesibilidad y utilización de bienes y servicios para personas con discapacidad.
El Gobierno al no cumplir su obligación de aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad, se le obliga tras la sentencia del Tribunal Supremo a realizar una política de previsión, con rehabilitación e integración de la gente con discapacidad, prestándoles la atención especializada que necesiten.
CERMI pide un reglamento que establezca las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
El fallo del Supremo, por lo tanto, fue declarar la obligación del Gobierno de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
