La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha presentado al Gobierno un documento que recoge sus propuestas al Programa Nacional de Reformas 2021. Todo ello con el objetivo de que la salida de la crisis social y económica del Covid-19 sea «más equitativa» que la del 2008.
Así lo ha manifestado el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, Carlos Susías, en la cita que han mantenido con la directora general de Asuntos Económicos, Elena Aparici, a la que además ha asistido el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad de la PTS, Leopoldo Pérez; la directora, María José Juanes; la responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de EAPN-España, Graciela Malgesini; y otros representantes de la dirección general.
El documento ha sido elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). En el se recoge todas las propuestas de las entidades miembro de la propia PTS.
Durante la reunión, Susías ha explicado que la pandemia del coronavirus ha expuesto «aún más» las vulnerabilidades de la sociedad y ha asegurado que se ha podido comprobar el alcance y magnitud de los principales indicadores de desigualdad económica y social, así como las insuficiencias de la inversión social y las debilidades del Estado del bienestar español.
En este sentido, ha pedido que el Gobierno, a través de este Programa Nacional de Reformas «especial» asuma el compromiso de «desarrollar una transición sostenible, justa y equitativa, para que la pandemia no deje secuelas aún más graves en la sociedad española».
La importancia de los fondos europeos
Por su parte, el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad, Leopoldo Pérez, ha expresado la importancia de los fondos europeos para el Tercer Sector de Acción Social y para los millones de personas que atiende y ha subrayado que «es tiempo de aprovechar las herramientas, instrumentos y fondos europeos para introducir cambios profundos, que sitúen a España en la vanguardia de los Estados miembros con mejor nivel de bienestar y calidad y no en la retaguardia como estamos actualmente».
Entre las propuestas presentadas se contempla llevar a cabo un plan de modernización económica que supere el actual modelo productivo de baja inversión en innovación y en capital humano y que pase por aumentar el nivel de inversión social, en cuanto al PIB, a la media europea.
Además, entre las propuestas está incrementar el Salario Mínimo Interprofesional para asegurar rentas del trabajo suficientes, asegurar un sistema de pensiones que aporten un nivel de vida adecuado a las personas mayores y dependientes, consolidar del Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones complementarias en vivienda y servicios sociales por parte de las comunidades autónomas, apostar por la innovación digital y eliminación de la brecha digital en el ámbito rural y garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario público universal, de calidad y gratuito que sea capaz de enfrentarse a shocks epidémicos y a los desafíos del envejecimiento de la población.
También recoge medidas encaminadas a desarrollar servicios sociales que prioricen la lucha contra la pobreza y están adaptados a los desafíos post pandemia, a trabajar por una vivienda accesible y asequible que proteja a las personas en su diversidad y sea sostenible a nivel medioambiental, a implementar una educación y modernización inclusivas que impulsen la salida de la pobreza y a implantar una fiscalidad redistributiva que reparta las cargas de manera justa y eficaz.
