La edad de jubilación en España se prepara para un nuevo ajuste que impactará a miles de trabajadores. A partir de 2026, quienes no cumplan con ciertos requisitos de cotización deberán retrasar aún más su retiro, en línea con la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno. El objetivo de estas medidas es asegurar la viabilidad del sistema contributivo ante los desafíos demográficos y económicos actuales.
Actualmente, la jubilación ordinaria se sitúa en los 65 años, siempre que se hayan cotizado más de 38 años y tres meses. De lo contrario, es necesario esperar hasta los 66 años y ocho meses. Sin embargo, este esquema sufrirá modificaciones el próximo año, con nuevas exigencias que afectarán directamente al acceso a la pensión completa.
¿Cómo cambiará la edad de jubilación en 2026?
A partir de 2026, los trabajadores que no alcancen los 38 años y tres meses de cotización deberán esperar hasta los 66 años y diez meses para jubilarse. Esta nueva normativa forma parte de una hoja de ruta progresiva que busca elevar la edad de retiro ordinario hasta los 67 años en 2027, para quienes no cumplan con los periodos de cotización mínimos.
Pese a estos cambios, seguirá existiendo la opción de acceder a la jubilación anticipada. Esta modalidad permite retirarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal ordinaria, aunque con una reducción en la cuantía de la pensión como penalización. Así, un trabajador podría jubilarse a los 63 años en 2026, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Seguridad Social.
Requisitos para jubilarse a los 63 años
La posibilidad de cobrar el 100% de la pensión a los 63 años no está disponible para todos. Solo aquellos trabajadores que cumplan con el tiempo de cotización exigido podrán acceder a esta modalidad, aunque verán reducida su prestación en función de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria.
Expertos como Miguel Benito, abogado especializado en herencias, han destacado la importancia de planificar con antelación la jubilación y de informarse adecuadamente para evitar pérdidas económicas y optimizar los derechos adquiridos tras años de contribución al sistema.
