Santiago tiene 48 años y tiene una discapacidad intelectual. Durante muchos años, ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico. Por todo ello, el anuncio de que el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley que elimina la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual es un día «de celebración a lo grande». Además, el avisa que «no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado».
Este madrileño es portavoz de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT). Santiago ha celebrado desde la Cámara Baja, donde ha sido testigo del debate parlamentario, el fin de esta «discriminación». «Es una ley que nos ayuda a recuperar lo que de toda la vida teníamos que haber tenido y que nunca nos debían haber quitado».
Santiago pone «un 10» a esta ley, que permitirá la revisión de «miles de casos» como el suyo, cuyas capacidades en la vida diaria han estado limitadas por cuestiones legales.
«Estoy muy contento y orgulloso y también por representar a esta asociación», ha dicho para, sin embargo, avisar de que no les tomen «por tontos» y advertir de que la reforma aprobada se debe traducir en que la igualdad «exista en la práctica» y «no se quede en papel mojado».
«Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana», alerta al tiempo que insiste en la importancia de que la sociedad se conciencie.
«Queremos ser iguales que los demás»
Santiago incide en el significado de «igualdad» y explica que «dependiendo de cada caso» es preciso buscar los apoyos «justos». «Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás», ha sentenciado, al tiempo que ha asegurado que el colectivo de personas con discapacidad intelectual ya está «harto» de que le den largas y la razón «como a los tontos» pero que luego «no cumplan».
Con todo, ve esta jornada como un «día de celebración a lo grande» y confía en que la novedad legislativa sea «útil para todos». «Esta es la primera piedra para conseguir que se respeten nuestros derechos y que la sociedad se conciencie», ha concluido.
La reforma legal garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es decir, que reconoce su igualdad ante la ley y garantiza los apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Desde AEFT y Plena Inclusión consideran que este es un «hito para la democracia española», que acerca al país a cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, celebran que se elimine una «discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».
