El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación de Salud Mental España han insistido en las demandas pendientes de derechos humanos de la salud mental. Esta es una realidad deficitaria donde las exclusiones, las vulneraciones y las discriminaciones forman parte de la vida de las personas con discapacidad psicosocial.
Así lo han manifestado durante la Jornada Virtual ‘Derechos humanos y salud mental’; bajo el lema ‘Agenda política pendiente’, un amplio resumen de la cual recoge el último número de cermi.es semanal. En la jornada, el CERMI ha reclamado un entorno jurídico efectivo para mejorar los derechos humanos en materia de salud mental.
En el encuentro virtual sobre derechos humanos y salud mental han intervenido diversidad de ponentes. Algunos ellos pertenecían a la esfera política, tales como la diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rosa Medel; la Diputada del GP Socialista en el Congreso de los Diputados, María Luisa Carcedo; la Diputada del GP Ciudadanos en el Congreso, Sara Giménez; y la Diputada del GP Popular en el Congreso, Rosa Romero.
Rosa Medel en su intervención ha afirmado que «la salud mental es un problema de salud pública y un problema social que debe tratarse de manera comunitaria bajo un abordaje específico».
En la misma línea, Sara Giménez ha manifestado la importancia de abordar este tema a través de campañas de sensibilización. Además, destaca que la información debe ser clara y accesible, contemplando la diversidad de la población.
Insistir en la ayuda para la «salud mental»
Asimismo, la presidenta de la CNSE y vicepresidenta del CERMI, Concha Díaz ha insistido en “reforzar la gestión y ejecución de las políticas que abordan los temas relacionados con los derechos humanos en materia de salud mental”. Y es que la salud mental debe ser un tema prioritario para la sociedad española y en la agenda política.
Por otro lado, el boletín recoge también la reivindicación del Comité sobre la necesidad de reformar el artículo 49 de la constitución. Dicho artículo sigue aludiendo a las personas con discapacidad como «disminuidos».
Al respecto, el presidente del CERMI Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista que le han realizado en el programa Parlamento de TVE y que se incluye en este boletín, ha afirmado que “la terminología, el concepto, incluso el enfoque que proyecta sobre la discapacidad este artículo 40 años después no es admisible y hay que actualizarlo”.
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha incidido en la necesidad de incluir la perspectiva de género en la reforma del mismo artículo.
Reforzar «el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)»
Por otra parte, el CERMI también pone el foco en su boletín en «el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) creado por la Ley 39/2006, del cual considera que urge una «refundación ambiciosa» del mismo, a través de un «gran pacto político, institucional y social».
Otra entrevista a destacar que se incluye en este boletín es la realizada a Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI, y en la que se resalta la necesidad de reforzar la dimensión inclusiva de la discapacidad en los distintos ámbitos y retos que hacen a la transición social, económica y de gobernanza climática en la que está embarcado el conjunto de los países que conforman la comunidad internacional.
Por ese motivo, el CERMI Estatal y su Delegación de Derechos Humanos y para la Convención de Discapacidad de la ONU han impulsado la elaboración de una ‘Guía sobre Eco Inclusión.
