El Juzgado de lo Social de San Sebastián ha determinado en una sentencia la retirada de una pensión de más de 3.000 euros a un ciudadano que simuló una incapacidad permanente. Se trata de una situación relevante en el ámbito de las incapacidades.
La Justicia tiene potestad para otorgar el reconocimiento de una incapacidad permanente, pero también puede retirar el derecho a una pensión de invalidez en caso de que la persona beneficiaria haya actuado de manera fraudulenta.
En este caso, un detective privado pudo descubrir que el usuario simuló una enfermedad cerebral para cobrar una pensión de incapacidad permanente de Gran Invalidez, con una cuantía superior a 3.000 euros al mes.
Simuló una incapacidad permanente
Este operario sufrió un accidente laboral el 22 de diciembre de 2021. El trabajador cayó de una mesa en la que había subido para colocar una cinta. Fruto de la caída, el operario se golpeó bruscamente en la cabeza y en el hombre.
Debido a este accidente, el trabajador logró el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, además de una discapacidad del 96% y una limitación de movilidad del 78%. Por otra parte, la Diputación de Guipúzcoa concedió a su mujer una prestación económica de 338 euros al mes en concepto de cuidados.
Posteriormente, el trabajador recurrió para obtener una prestación de incapacidad permanente superior. Sin embargo, el TAC que se le realizó seis días después no ofrecía ninguna afectación ni fracturas cerebrales.
Así, el 22 de febrero de 2022 también se le practicó una resonancia craneal. El resultado fue el mismo, ya que no se observó ningún tipo de alteración a nivel cerebral. Ante ello, el usuario se negó a que le realizarán más pruebas, alegando fuertes dolores de cabeza.
Por ello, la resolución judicial se basó únicamente en una observación, ya que el trabajador no permitió que se le practicarán más pruebas para estudiar su estado de salud. Debido a esta situación, la empresa del operario decidió contratar a un detective privado para investigar al trabajador.
Retirada de la pensión
De esta forma, el detective pudo demostrar que el trabajador había simulado la enfermedad cerebral que le dio derecho al reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente.
Entre otras cosas, constató que el trabajador podía dar paseos de más de dos kilómetros de manera prolongada. Además, pudo constatar cómo se comunicaba con su mujer sin mayor tipo de problemas. Además, el ciudadano elegía zonas alejadas para realizar estos paseos.
Con todas las pruebas sobre la mesa, la Justicia ha determinado que el operario simuló una enfermedad que no tenía desde el primer momento. Todo ello, con el objetivo de acceder a prestaciones económicas públicas, cuando realmente no cumplía con los requisitos necesarios para ello.
Por tanto, la resolución judicial retira el derecho de este trabajador a cobrar una pensión de incapacidad permanente, ya que realmente simuló una situación en la que no se encontraba.
Y esto no es todo, ya que las consecuencias podrían ser incluso mayores para el trabajador. La Justicia trasladará la resolución a la Fiscalía para que determine si este operario ha incurrido en una conducta que pueda ser constitutiva de algún delito penal. También se ha puesto la sentencia en manos de la Diputación de Guipúzcoa, en relación al grado de discapacidad que se concedió al trabajador.
