Lo que parecía un paso histórico para la discapacidad puede verse truncado. Y es que PP y Vox han registrado sendas enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo devolver al Gobierno el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución. Dicha reforma se basaba en retirar el término ‘disminuido‘ de la carta magna.
El rechazo de ambos partidos amenaza la aprobación de este cambio en la Constitución. Hay que recordar que se necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara. La reforma constitucional impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo propone un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
Este texto, además del cambio del término ‘disminuido’, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo. Todo ello sin que «pueda producirse discriminación». Además, encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
La reforma se enfrenta ahora a su primer tramite parlamentario, el debate de totalidad. En este sentido, tanto el PP como Vox apuestan por tumbarla en el Pleno del Congreso y devolver el texto al Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar esa votación.
Eso sí, el rechazo de esos dos partidos, que suman 140 diputados, amenaza la aprobación final de la reforma. Y es que esta requiere el voto a favor de los otros 210 miembros de la Cámara, sin que falte ninguno.
Un texto que no tiene ni calidad ni conceso
En su enmienda de totalidad, Vox pide la retirada de la reforma sobre discapacidad alegando que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como ‘perturbadora’ por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria para ser incluida como artículo de la Carta Magna».
El PP, por su parte, argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político». Y eso «justamente son dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», avisa,
A su juicio, «la inoportunidad del momento es clara». Además, «va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder».
Por todo ello, «abona la posibilidad de que, si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, pueda abocar a intentos de voladora de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y de bienestar para los españoles».
«Esto no abre ningún melón», dijo Calvo
Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente. Ya que no quiere «abrir ningún melón» para tratar otros asuntos.
«No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos», afirmó, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.