Varios familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena inclusión han entregado esta mañana en la sede de la Presidencia del Gobierno (Palacio de La Moncloa) 25.000 cartas solicitando unas condiciones de vida dignas.
Este colectivo, que representa en España un 1% de la población española (lo que supone alrededor de 470.000 personas), exige que las Administraciones Públicas adopten medidas económicas que les aseguren un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con las demás familias.
Para ello, parten de una situación crítica: la renta es un 25% más baja en estos hogares que en el resto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es, según el Instituto Nacional de Estadística, 46 puntos más baja que la de la población general (78% frente al 32%) y la de empleo es un 43% más baja (62,8%, frente al 20%).
“Desde Plena inclusión queremos lanzarle un reto al nuevo Gobierno para que garantice condiciones de vida más equitativas y dignas para las familias con personas con discapacidad intelectual”, ha explicado Juan Pérez, vicepresidente de Plena inclusión España.
A esto se une que estas personas y sus familias afrontan un sobreesfuerzo económico originado por la necesidad de apoyos y la pérdida de oportunidades, cuantificado en 24.237€ anuales de media. En el caso de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, este coste asciende a 47.129€.
“En la mayoría de los casos las madres de personas con discapacidad intelectual tienen que sacrificar su carrera profesional porque tienen que hacerse cargo de sus hijos”, explica María del Mar Azaña, representante de familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha.
Plena inclusión también ha analizado el actual sistema de prestaciones, concluyendo que no sólo no sirve para compensar este sobreesfuerzo, sino que además desincentiva el acceso al empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El colectivo critica que “la prestación por tener un hijo a cargo con entre un 33 y un 65% de discapacidad intelectual es de 1.000€ anuales para familias con ingresos bajos. La pensión no contributiva por invalidez –que sólo se concede a personas con más del 65% de discapacidad–, supone una ayuda como de entre 107,25 y 429,17€ al mes; mientras que si hablamos de rentas mínimas garantizadas o de inserción social su umbral mínimo suele rondar los 430€/mes”.
De igual forma, las políticas de rentas mínimas se hacen desde un tratamiento generalizado de la población, sin discriminar situaciones y en el caso de existir un tratamiento diferenciado es muy marginal y de escasa incidencia en la población, por ejemplo, para menores de 25 años con hijos con discapacidad a su cargo.
A todo ello se une la actual dificultad de compatibilizar prestaciones y rentas de trabajo, que hace que a muchas personas con discapacidad intelectual no les compense trabajar, pues van a obtener salarios muy moderados (la media se sitúa en 11.764 euros brutos anuales en 2016, la mitad del de las personas sin discapacidad) y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas que tienen concedidas.
En su estudio “Todos Somos Todos” sobre la situación de familias de personas con grandes necesidades de apoyo, Plena inclusión también atribuye mayores problemas de salud –con sus costes derivados para el sistema–, en las cuidadoras (sobre todo madres).
Por todo ello, en el inicio de la nueva Legislatura, y coincidiendo con la celebración del Día de la Familia el 15 de mayo, Plena inclusión ha reclamado al presidente del Gobierno que este nuevo curso político no sea una nueva oportunidad perdida para la mejora de las condiciones de vida de estas familias.
