El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) plantea que, en un escenario de ‘vuelta al cole’ semipresencial, se prime la asistencia física de los menores con discapacidad «siempre que la familia esté de acuerdo».
Tanto en este caso, como en un hipotético nuevo cierre total de los centros, el CERMI cree que urge a garantizar el uso de dispositivos tecnológicos accesibles, incluyendo la creación de bancos de préstamos; asegurar la accesibilidad de los canales, materiales y métodos de evaluación; e impulsar actividades de ocio online que favorezcan la interacción del alumnado con discapacidad con el resto de estudiantes.
Estas son algunas de las propuestas que realiza la plataforma de cara al próximo curso 2020-2021. «Estamos en la duda, en la casi total incertidumbre de cómo será la vuelta al curso escolar. Si será presencial, semipresencial o se mantendrá la educación, forzosamente, a distancia», explica a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez.
Propuestas para el nuevo curso
En este contexto, la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI ha elaborado un documento en el que formula una serie de propuestas para que, en el nuevo curso, «se corrija esta situación» que vivió el alumnado con discapacidad en los meses más duros de la pandemia del coronavirus.
Según declara su presidente, el CERMI denuncia el «abandono» que han sufrido los alumnos con discapacidad durante la pandemia, como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, de forma generalizada.
«En estos meses de suspensión de actividades escolares y lectivas, hemos comprobado que el alumnado con discapacidad ha sufrido más intensamente esta anomalía, esta patología», sostiene Luis Cayo Pérez, que recuerda que estos estudiantes «necesitan, en muchos casos, más apoyos docentes, psicológicos, psico-educativos y sociales, de los que se han visto privados».
Asimismo, el presidente de la plataforma hace hincapié en que esta situación «ha supuesto un sobresfuerzo para las familias que ha tenido que atender y suplir, hasta donde han podido, la ausencia de apoyo educativo que se les venía dando en las aulas».
En relación con el inicio del nuevo curso, Pérez asegura que «la desorientación, la falta de información y de seguridad sobre lo que va a ocurrir en apenas unas semanas es absoluta».
Desconciertos en los criterios por Comunidad Autónoma
También opina que «no hay un criterios uniformes», sino unas directrices «absolutamente básicas» del Ministerio de Educación, acordadas con las comunidades autónomas. «Será cada CC.AA. la que decida, con la consiguiente incertidumbre de las familias, que no saben la situación que tendrán que afrontar, los recursos, si trastocará la situación laboral familiar, si requerirán apoyos que tendrán que sufragar ellas mismas«, detalla el presidente del CERMI.
Ante este escenario, Luis Cayo Pérez reclama que las propuestas de la plataforma sean tenidas en cuenta, para evitar que el abandono «no se recrudezca».
En la modalidad presencial, la entidad pide que a comienzos del curso académico se realice una evaluación de la situación de cada estudiante con discapacidad y que se atiendan los «efectos perniciosos» que hayan podido producirse en los últimos meses de forma multidisciplinar (profesorado ordinario y personal especializado), atendiendo también a las familias.
Por otro lado, insta a crear un cuerpo de profesores itinerantes para que ayuden presencialmente al alumnado con discapacidad que lo precise en su hogar en caso de un nuevo confinamiento, y reforzar la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, estudiante y familia.
Formatos accesibles
La sustitución inmediata del profesorado en caso de ausencia; mantener la implicación del profesorado ordinario, sin que supla su papel el personal especializado de apoyo; ofrecer en formatos accesibles y comprensibles la información de lucha contra la pandemia y para evitar contagio de COVID-19; dar continuidad a la atención individualizada, ya sea en enseñanza presencial u online, y atender las necesidades emocionales y de salud mental del alumnado y familias son otras demandas de la entidad.
En materia de violencia, solicita reforzar los programas contra el acoso escolar; tener en cuenta la situación de mayor vulnerabilidad de las niñas y adolescentes; impulsar planes de lucha contra el suicidio; fortalecer las acciones para detectar y sensibilizar acerca de casos de violencia y abusos, ya sea en el entorno escolar, familiar y otros.
Finalmente, pide la publicación de guías para la atención a familias en situación de vulnerabilidad, así como planes de apoyo para el alumnado con discapacidad en todo el territorio español, teniendo en cuenta la coordinación entre Estado, comunidades autónomas, profesorado, familias, alumnado y organizaciones de la discapacidad.