Las prestaciones sociales, como la pensión pública por jubilación, están protegidas y reconocidas por la Constitución española en su artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
5 principios del sistema de pensiones públicas en España
- Reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento.
- Proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas.
- Universalidad: Aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas.
- Gestión pública: El sistema de la Seguridad Social estará gestionado y financiado por entidades públicas.
- Suficiencia de prestaciones: La cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas.
El organismo encargado de gestionar este sistema es la Seguridad Social, que además, salvaguarda la asistencia para los trabajadores que hayan perdido su empleo o causen baja por enfermedad o discapacidad. Veamos más en detalle de qué manera se organizan y reparten las pensiones en España.
Un fondo común para todos los trabajadores
Para sostener este derecho, a diferencia de otros países en los que cada trabajador cotiza y aporta dinero para su plan de pensiones privado e individual, en España el sistema público de pensiones se nutre de las aportaciones de todos los trabajadores; estos contribuyen, a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social, a una denominada ‘Caja Única’ de la que sale el dinero para pagar las pensiones públicas por jubilación del nivel contributivo de los trabajadores ya retirados. Es la anteriormente citada solidaridad intergeneracional, a la que hay que sumar la solidaridad interregional, que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan.
El acceso a la pensión pública por jubilación
En el momento de la jubilación, que en España y de manera ordinaria se produce en 2020 a los 65 años y 10 meses (65 años para quienes hayan cotizado al menos 36 años) , el trabajador accede a una pensión mensual de carácter vitalicio cuya cuantía depende de las bases por las que haya cotizado los últimos años de vida laboral (últimos 19 años en 2016 y últimos 25 años en 2022 y años sucesivos), así como de los años que haya cotizado y del tipo de jubilación al que acceda (ordinaria, anticipada o diferida).
Esto ocurre siempre y cuando cumpla los requisitos de acceso a esta pensión:
- Acreditar al menos quince años de cotizaciones.
- Acreditar un mínimo de dos años de cotizaciones en el intervalo de quince años inmediatamente anteriores al acceso a la jubilación.
Es importante señalar que la edad ordinaria de jubilación va a cambiar en los próximos años a raíz de una reforma legislativa, por lo que esos 65 y 10 meses años se irán incrementando poco a poco hasta alcanzar los 67 años en 2027. Podrán seguir jubilándose sin penalización a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotizaciones.
El motivo tiene que ver con la sostenibilidad del sistema que se basa, como hemos visto anteriormente, en el número de trabajadores activos, en el número de beneficiarios de prestaciones y en las cuantías tanto de las cotizaciones como de las prestaciones, entre otros.
Sostenibilidad del sistema
De manera simplificada, para que el sistema público de pensiones sea sostenible debe haber más trabajadores activos que número de pensionistas, es decir, que la continuidad del sistema tiene una fuerte dependencia de la pirámide poblacional. Sin embargo, en los últimos años el número de trabajadores ha descendido como consecuencia de la elevada tasa de paro, mientras que el número de pensionistas se ha visto incrementado; esto, unido a una evolución de la población en la que la tendencia indica que habrá cada vez más personas mayores y que estas vivirán más años, ha puesto en duda la sostenibilidad del sistema.
Paralelamente, los nuevos jubilados acceden a una pensión media más elevada, dado que han cotizado por bases mayores, mientras que los nuevos cotizantes se incorporan con salarios y por tanto con bases de cotización menores.
Un claro ejemplo de esta situación lo representa el estado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una ‘hucha’ en la que desde el año 2000 se ha ido guardando el superávit del sistema de la Seguridad Social. A este fondo se ha recurrido en los últimos cinco años debido a que el sistema gasta más de lo que ingresa, es decir, a que los trabajadores activos ya no pueden sostener por sí solos las pensiones públicas.
Como informa BBVA, ante esta realidad, a los trabajadores actuales se les plantea un futuro en el que su nivel de vida en la jubilación en base a su pensión pública puede ser menor de lo esperado, por lo que productos de ahorro e inversión como los planes de pensiones pueden suponer una interesante alternativa a la hora de complementar los ingresos en la jubilación.
