En determinados casos no resulta sencillo obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Así, el solicitante dispone de diferentes mecanismos para luchar por la pensión de incapacidad que piensa que le corresponde, en caso de obtener la denegación por parte del INSS.
Es muy común que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniegue una solicitud de pensión de incapacidad permanente. A partir de ahí, el usuario tiene la oportunidad de llevar a cabo una reclamación previa al INSS y en última instancia acudir a la vía judicial. Además, si un juez tampoco reconoce la incapacidad permanente, es posible presentar un recurso frente a la sentencia judicial.
Normalmente, ante una solicitud de pensión de incapacidad permanente, el INSS dispone de 135 días hábiles para realizar una resolución al respecto. Si pasado dicho plazo, el solicitante no recibe ninguna comunicación del INSS, la solicitud se entiende como denegada por silencio administrativo.
Reclamación previa al INSS
En caso de una solicitud de incapacidad permanente denegada o desacuerdo por el grado de incapacidad reconocido, el primer paso que se debe llevar a cabo es realizar una reclamación previa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta reclamación previa no es más que una solicitud para que el INSS vuelva a revisar la situación del trabajador.
Así, el plazo para presentar el recurso de reclamación previa es de 30 días hábiles desde la notificación del INSS. En caso de que el nuevo dictamen sea positivo, el trabajador obtendrá la incapacidad permanente solicitada. Sin embargo, también es posible que se vuelva a denegar la solicitud.
Demanda de incapacidad permanente
Si la reclamación previa no ha surgido efecto, el solicitante tiene la oportunidad de demandar vía judicial al INSS, reclamando el reconocimiento de la pensión de incapacidad permanente que cree que le corresponde en función de su situación.
Todo el mundo está en la obligación de luchar por sus derechos. No obstante, un proceso judicial contra el INSS puede ser tedioso y costoso económicamente. Por ello, antes de proceder a tramitar la demanda, siempre es necesario poner el caso en manos de un abogado especialista que analice las posibilidades de éxito en caso de acudir a la vía judicial.
Así, se dispone de un plazo de 30 días hábiles para presentar la demanda judicial de incapacidad permanente desde la última notificación del INSS, referente a la reclamación previa.
Los expertos de ‘CampmanyAbogados‘ aclaran que «todas aquellas pruebas que se vayan a presentar al juez deben tener la suficiente contundencia como para que éste pueda anular la resolución del INSS, por lo que es imprescindible contar con un médico especialista que proporcione un informe exhaustivo».
Si la sentencia es favorable al trabajador, se establece el grado de incapacidad permanente reconocido y la fecha de efectos. Es decir, es posible que se condene al INSS a pagar al trabajador su pensión de incapacidad con efectos retroactivos.
También existe la posibilidad de perder el juicio y que la resolución judicial sea favorable para el INSS. Como última opción, el solicitante tiene la oportunidad de establecer un recurso contra la sentencia judicial y elevar el caso a una instancia superior, como el Tribunal Superior de Justicia.
