La Fundación 360 para la Autonomía Personal de las personas con discapacidad denuncia que el negocio de la dependencia, dentro de un sistema mercantil, frena la regulación del asistente persona. Y la no desinstitucionalización de las personas con discapacidad no es un accidente, sino el resultado de un sistema que prioriza los intereses económicos sobre los derechos humanos.
La asistencia personal sigue sin estar plenamente regulada porque choca con los intereses de un modelo mercantilizado de atención a la dependencia. La existencia de residencias, macrocentros y servicios de asistencia masivos genera un negocio millonario que se vería amenazado si las personas con discapacidad tuvieran acceso real a un asistente personal.
Las personas con discapacidad y mayores con dependencia son tratadas como clientes cautivos
Se ha construido un sistema en el que las personas con discapacidad y mayores con dependencia son tratadas como clientes cautivos, sin opciones reales de vida independiente. En este modelo, la asistencia personal no es una prioridad porque permitiría que muchas personas salieran de las instituciones, llevando consigo los fondos que hoy sostienen estos centros.
En lugar de garantizar el derecho a vivir de forma autónoma, se sigue promoviendo un sistema de cuidados grupales, donde la persona pierde control sobre su vida, su privacidad y su capacidad de decisión. No es casualidad que en España aún no haya una regulación clara y homogénea sobre la asistencia personal: una normativa que garantizaría su acceso universal y estable acabaría con la dependencia de estos servicios institucionalizados.
La administración pública no solo se muestra pasiva en la regulación del asistente personal, sino que impone obstáculos que dificultan su acceso. Actualmente, los requisitos para obtener financiación para un asistente personal varían de comunidad en comunidad y, en muchos casos, son tan restrictivos que apenas un pequeño porcentaje de personas con discapacidad puede acceder a esta figura.
Un cambio de modelo es posible, pero requiere voluntad política. El asistente personal es la clave para una verdadera inclusión social, pero su regulación se enfrenta a un sistema que ve en la dependencia un negocio rentable. Romper con este modelo requiere un cambio radical en las políticas públicas:
- Una financiación garantizada y estable para la asistencia personal, con presupuestos específicos y sin intermediarios que encarezcan el servicio.
- Criterios de acceso basados en los derechos y necesidades de la persona, no en intereses administrativos o económicos.
- Un compromiso real con la desinstitucionalización, promoviendo alternativas como la vida independiente con apoyos personalizados.
- Eliminar la mercantilización de los cuidados y apostar por modelos de apoyo basados en la autodeterminación y el respeto a la dignidad de las personas.
«Si la asistencia personal sigue sin regularse, no es por falta de recursos ni de modelos de éxito»
Según la Fundación 360, «si la asistencia personal sigue sin regularse, no es por falta de recursos ni de modelos de éxito. Es porque la dependencia genera negocio, y quienes se benefician de ello no están dispuestos a perder su mercado. Hasta que los derechos no se pongan por encima del beneficio económico, la autonomía personal seguirá siendo un privilegio para unos pocos en lugar de un derecho garantizado para todos».
La exigencia de regular la figura del asistente personal viene de hace ya más de una década. Tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), España asumió el compromiso de adaptar su normativa para garantizar la plena inclusión. Por ello, consideramos que, esta regulación, debió haberse implementado desde hace ya muchos años.
En cuanto a la coordinación interministerial necesaria para elaborar una normativa integral, se requiere la colaboración de varios ministerios:
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: Es el encargado de definir la política de discapacidad y de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
- Ministerio de Trabajo y Economía Social: Debe intervenir para establecer las condiciones laborales y contractuales de los asistentes personales, garantizando así sus derechos laborales y el correcto funcionamiento del servicio.
Además, resulta fundamental la coordinación con las comunidades autónomas, dado que, en España, ya que la asistencia social está descentralizada. Esta colaboración garantizaría un marco normativo homogéneo y efectivo en todo el territorio.
Piden establecer un marco normativa para la asistencia personal
Es vital establecer un marco normativo que defina de manera clara las responsabilidades, derechos y garantías tanto para el asistente personal como para las personas beneficiarias. Una regulación precisa permitirá asegurar que el desempeño de esta función se ajuste a criterios de transparencia, responsabilidad y equidad, previniendo posibles abusos y garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales.
Según la Fundación 360, «la figura del asistente personal constituye un recurso indispensable que potencia la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad dependientes. Una regulación adecuada no solo protegerá los derechos de las personas con discapacidad, sino que también consolidará los beneficios derivados de contar con un apoyo profesional y cualificado en su vida diaria, facilitando su integración plena en la sociedad».
Fundación 360 para la Autonomía Personal hace un llamado a las autoridades competentes para que se avance con celeridad en la elaboración y aprobación de la normativa que regule el asistente personal. Creemos firmemente que la armonización de estas medidas contribuirá a un entorno más justo e inclusivo, donde todas las personas puedan disfrutar de sus derechos con total garantía.
