El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado el reto de incorporar en los próximos diez años a 250.000 personas con discapacidad a un empleo estable y digno con el objetivo de «fortalecer los recursos de la Seguridad Social y garantizar que la protección social llegue a todos por igual, independientemente de su trayectoria laboral».
Así lo ha comunicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien pretende con esta medida generar nuevos recursos que podrían costear las prestaciones públicas para quienes no pudieron trabajar o no completaron una cotización suficiente para obtener una pensión contributiva.
El presidente ha incidido en la situación de precariedad de aquellas personas con discapacidad que «la exclusión laboral forzosa les ha apartado del mundo productivo, de la autonomía económica». Además, ha lamentado que la protección social por edad o discapacidad «no esté garantizada ni siquiera para quienes han trabajado y cotizado largos periodos de tiempo».
«La agenda política y social de la discapacidad, y de la edad avanzada, es ingente, pues las carencias son todavía de dimensiones colosales. Puede y debe hacerse mucho», ha expresado el presidente del CERMI. Por ello, la entidad ha propuesto nuevos modelos para dar respuestas a estas necesidades, demandas y preferencias de las personas con discapacidad y mayores.
Pérez Bueno considera prioritario potenciar la autonomía personal, por ello exige a las instituciones mayores medios para poner a disposición de las personas mayores y con discapacidad, ya que para el presidente «España no destaca ni por intensidad de recursos ni por haber instaurado un modelo promotor»
Este y otros temas se profundizarán el próximo mes de octubre en el I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad, organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
