El Hospital Sierrallana de Torrelavega (Cantabria) ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 62 años diagnosticado de listeriosis, que ingresó por un cuadro febril y que presentaba múltiples patologías graves, lo que ha derivado en el fallecimiento del paciente.

Sin embargo, este suceso «no guarda ninguna relación» con el brote de listerioris originado en Andalucía por el consumo de carne mechada, según la Dirección General de Salud Pública de Cantabria.

La listeriosis es una enfermedad infecciosa cuya principal vía de transmisión es alimentaria, por contaminación de alimentos elaborados en los que se hubiera producido alguna alteración en la producción: inadecuado tratamiento térmico, fallo en la cadena de frío, defectos de envasado y/o transporte.

Asimismo, este es un caso «aislado» producido por el consumo de algún alimento contaminado, según el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería cántabra, Luis Viloria, en palabras a Efe.

El hombre fallecido presentaba un cuadro patológico «muy complejo», con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, y que padecía diabetes, hipertensión y apnea del sueño. En la mayoría de estos casos se trata de una infección leve y, con frecuencia, pasa desapercibida para la población sana.

Por su parte, las formas más graves (sepsis y meningitis) afectan a pacientes pluripatológicos e inmunodeprimidos lo que condiciona que en algunas ocasiones, en los últimos años, se haya registrado algún fallecimiento en pacientes con esta enfermedad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado  llevar la dimensión inclusiva de la discapacidad a las políticas y estrategias de desarrollo rural sostenible, para que el casi millón y medio de personas con discapacidad que viven en el entorno rural en España tengan una vida digna y participativa en su medio de pertenencia.

Para el CERMI, resulta evidente que sin políticas de desarrollo rural inclusivo las personas con discapacidad que residen en la España no urbana se verán obligadas antes o después a abandonar su entorno de origen, lo que supone una negación de su derecho a vivir en la comunidad de su elección. 

Las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que habitan en zonas rurales no están en la agenda política general, a juicio del CERMI, ni siquiera en la agenda política de la discapacidad, que bascula indefectiblemente hacia los dictados de lo urbano, que monopoliza la atención política y hasta la asociativa. 

El mundo asociativo de la discapacidad ha de tomar conciencia crítica y vívida de la realidad de las personas con discapacidad que residen en el medio rural y construir una agenda política de desarrollo rural inclusivo, que haga de este entorno un campo de innovación social permanente que desate espirales de oportunidades vitales y comunitarias para esta parte de la población con discapacidad.