La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha planteado sus demandas a la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, con el objetivo de lograr un apoyo para un marco normativo que mejore la atención en las entidades financieras a los más de diez millones de personas mayores y pensionistas en nuestro país.
Así, durante un encuentro telemático, trasladó a la representante de Ciudadanos en el Congreso su preocupación, denunciando la barrera de trato y atención personal en las entidades financieras que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años. Una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.
Entre las medidas que la PMP propone, destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
Los pensionistas solicitan actuación urgente
Para la PMP, “hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la población, tanto en las ciudades como muy especialmente en el mundo rural. Por ello, es tan importante que se produzca un cambio normativo y un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados que ofrezca soluciones lo más inmediatas posible”.
El encuentro con María Muñoz coincidió en el tiempo con la firma de la renovación del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’ por todas las patronales bancarias, el cual incluye mejoras para favorecer la inclusión financiera y nuevas medidas para mejorar la atención a las personas mayores y personas mayores con discapacidad por parte de las entidades financieras. A este respecto, la PMP valora la ampliación de este protocolo como un “avance significativo” en la resolución de sus reivindicaciones, aunque sigue demandando que se complete con un marco legal específico.
“No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca”, sino que, según reitera la plataforma, “lo más importante” es la consecución un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
En este sentido, la PMP y María Muñoz acordaron continuar manteniendo futuros encuentros y realizar un seguimiento del proceso de desarrollo y aprobación de la nueva normativa, la cual recientemente ha recibido un impulso con la aprobación en el Congreso de las disposiciones adicionales al proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Dichas disposiciones adicionales instan al Gobierno y a las entidades financieras a tomar medidas concretas para eliminar las barreras de exclusión financiera para las personas mayores.
La PMP calcula que el proceso de aprobación de las nuevas enmiendas al proyecto de ley puede durar cuatro meses, de manera que manifestó su voluntad de continuar trabajando para que en junio entre en vigor una primera solución legal.
Entre las demandas concretas planteadas por la PMP, que quiere ver definitivamente reflejadas en la ley, se encuentran la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.
La PMP quiere señalar a este respecto que, si se quiere implementar adecuadamente todas estas medidas, “es necesario modificar la política de reducción de personal que se viene manteniendo”.
