El Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que la futura ley de cambio climático y transición energética que se tramita en el Congreso de los Diputados tenga «rostro social», atienda a la discapacidad y a cuestiones de género, edad, situación socioeconómica y que suponga una «oportunidad para la inclusión».
El Comité ha elaborado un conjunto de alegaciones y propuestas al proyecto de ley en el que pide que se fomente la participación del tercer sector de acción social en el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que se creará en el marco de la ley, e incluir las dimensiones de género, edad, discapacidad y situación socioeconómica en las actuaciones.
Así, pide el CERMI que se garantice la «armonización» de la futura norma con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para «no dejar a nadie atrás». Para ello, considera que la transición ecológica debe sostenerse en la justicia social porque, puesto que el cambio climático afecta de manera «más desfavorable» y se traduce en una «mayor vulnerabilidad» para determinados colectivos.
Tener en cuenta la discapacidad
De este modo, insiste en que entre las principales demandas del movimiento asociativo de la discapacidad, se incluye la protección a las personas mayores y personas con discapacidad, además de la consideración a la infancia que hace referencia el documento por su «alto nivel de exposición» a las consecuencias del cambio climático.
«Quienes toman las decisiones para ecologizar la economía deben tener en cuenta a las personas que se ven afectadas por esta ecologización de sus economías», advierte el CERMI.
En ese contexto, defiende que se promueva una «cooperación permanente y constructiva» con las organizaciones más representativas de estos grupos sociales» a través de un «diálogo civil intenso» en el que la discapacidad «tenga su propia voz».
Por ello, pide participar en Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética para que cuente con representantes también de los colectivos y personas en situación de vulnerabilidad.
«Debe ser una oportunidad para que la inclusión se incorpore a la agenda del ecologismo para sumar más y nuevas voces a la lucha contra la emergencia climática», asegura el CERMI en el documento, en el cual se especifica que se debe atender, entre otras cuestiones, a los empleos, las energías y las viviendas, así como la accesibilidad para garantizar una transición justa.
Empleo verde inclusivo
Por otro lado, en el marco de la creación de empleo verde y el aumento de la inversión económica que plantea la transición ecológica, reclaman que los «incentivos a la inversión y a la generación de empleo contemplen de forma expresa la incorporación de personas con discapacidad y otros grupos en riesgo de exclusión».
En cuanto a la educación, otra de las áreas que se contempla en el proyecto de ley, el CERMI considera que la cuestión es de «especial interés» e insiste en la necesidad de investigar el impacto en la sociedad y los grupos en situación de vulnerabilidad desde el Gobierno.
En materia de fiscalidad, pide que esta sea «justa» y otorgue incentivos a las personas con discapacidad a la hora de contratar energías renovables y productos con baja huella de carbono, que asegure las condiciones de salubridad y eficiencia energética en los hogares de las personas con discapacidad y se garantice la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en las contribuciones determinadas a escala nacional y en las estrategias y planes de transición justos a través de sus organizaciones representativas.
