Nueva queja de las personas sordas. En este caso sobre la Ley de Telecomunicaciones. Desde la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha advertido de que dicha ley no recoge soluciones para las personas con sordera. Y es que estas personas tienen que registrarse en los respectivos 112 «cada vez que realicen un desplazamiento de manera temporal entre comunidades y ciudades autónomas de España».
La Ley General de Telecomunicaciones, transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y además regula otros aspectos relativos a los equipos, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y los usos del dominio público radioeléctrico, según ha informado FIAPAS en un comunicado.
En términos generales, con la nueva ley se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad auditiva, mediante la introducción de la obligatoriedad de la accesibilidad a los servicios de comunicaciones electrónicas (internet, correo electrónico, redes sociales o telefonía), incluida la información contractual, la facturación y la atención al público.
Respecto al acceso a las comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112, se mantiene el acceso gratuito y se incluye la posibilidad de implementar un sistema en el que los operadores de telecomunicaciones deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes.
Las personas sordas no tienen garantizado su acceso al 112 en sus desplazamientos entre comunidades
La norma establece que para los usuarios con discapacidad el acceso será equivalente al que disfrutan otros usuarios finales. «Sin embargo, dentro del territorio español, las personas sordas no tienen garantizado su acceso al 112 en sus desplazamientos entre comunidades y ciudades autónomas, ya que deben registrarse cada vez que cambian de territorio», critica la entidad.
Por ello, la organización reclama «evitar esta barrera» para el usuario con sordera y pone de relieve «la discriminación, el aumento de la exposición al riesgo y la vulnerabilidad que supone en la actualidad para las personas discapacidad auditiva, estar obligadas a registrarse en cada comunidad autónoma en la que resida o transite de manera permanente, temporal o eventual, a la hora poder efectuar comunicaciones al 112 de manera accesible».
