El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, asumirá la gestión de las competencias estatales en materia de discapacidad y dependencia desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ostentará en el nuevo gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos.
El líder morado asume así estas materias que pertenecían hasta ahora al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar dirigido por Luis Carcedo, según confirmaron a Servimedia fuentes de La Moncloa tras la confirmación de las cuatro vicepresidencias del nuevo gabinete de Pedro Sánchez.
Iglesias controlará así las políticas de dependencia, dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y las de discapacidad, que desde hace varias legislaturas ha contado con una dirección general dependiente del Ministerio de Sanidad.
La gestión del Imserso está actualmente en manos de Manuel Martínez Domene, nombrado en enero de 2019, y la Dirección General de Políticas de Discapacidad está encabezada por Jesús Celada desde julio de 2018.
Con las políticas de discapacidad, Pablo Iglesias tendrá que atender las necesidades directas de cuatro millones de personas que existen en España con algún tipo de discapacidad reconocida oficialmente.
Las personas con discapacidad representan algo menos del 10% de la población general y cuentan con unos niveles de paro, pobreza y de abandono educativo muy superiores a la media.
De las 1,86 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, sólo 481.000 están ocupadas, lo que representa apenas un 25,9% del total.
Además, el 1,7% de los estudiantes universitarios tiene alguna discapacidad, porcentaje que baja al 1,2% para los de máster y al 0,7% para los de Doctorado.
La remuneración media de una persona con discapacidad en España es de 19.297 euros brutos al año, lo que supone una diferencia del 17,1% frente a un ciudadano sin discapacidad (23.273 euros).
DEPENDENCIA
En materia de dependencia, Pablo Iglesias debe afrontar retos como el incremento de la aportación del Estado, un compromiso que PSOE y Unidas Podemos adquirieron al pactar los Presupuestos Generales de 2019 y que no pudieron hacer realidad por el rechazo de los independentistas a las cuentas públicas y el adelanto de las elecciones generales.
A finales de noviembre de 2019, España contaba con 1.377.370 personas en situación de dependencia, de las que 265.811 no cobraban ninguna prestación pese a tener derecho a ella. Esto es, habían sido reconocidas como dependientes, en alguno de los tres grados que contempla el baremo.
En los Presupuestos Generales del Estado que PSOE y UP pactaron para 2019 y que no llegaron a ver la luz, figuraba un aumento de 515 millones de euros en las ayudas para el sistema de atención a la dependencia (132 millones para el ‘nivel mínimo’) y 383 millones más para el ‘nivel acordado’). Ello habría supuesto un incremento del 40% respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones de euros.
Además, de cara a esta nueva legislatura, el Imserso deberá abordar la promoción de la figura del asistente personal, una de las prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia que apenas se ha desarrollado pese a las demandas del sector.
Finalmente, la vicepresidencia de Pablo Iglesias contará entre sus competencias con la Agenda 2030, que Sánchez constituyó hace año y medio con rango de Alto Comisionado y que encargó a Cristina Gallach. Esa labor la asumirá previsiblemente la dirigente morada Ione Belarra con rango de Secretaría de Estado.