No es ninguna sorpresa que las personas mayores o con discapacidad son de las que más problemas y obstáculos encuentran en la sociedad. Una realidad que se conoce, pero a la que no se le pone solución, ya que estos colectivos siguen siendo discriminados. De hecho, la propia Fiscalía General del Estado (FGE), en su memoria correspondiente al 2022, ha señalado que las personas con discapacidad o mayores tienen «muchas dificultades» para acceder a la justicia en España.
Este documento recoge que las personas mayores o con discapacidad pueden hallarse en el país de forma ocasional, en tránsito, residiendo temporalmente o de forma estable, pero que resultan «especialmente complejas» las situaciones de los extranjeros en situación irregular. Y es que el ser extranjero es otro problema para acceder a la justicia, más allá de las personas mayores o con discapacidad.
En este sentido, para las personas que no disponen de residencia estable, la Fiscalía asegura que, a las dificultades para organizar el cuidado y cobertura de sus necesidades esenciales, se añaden las barreras que surgen para el acceso normalizado a prestaciones sociales y sanitarias básicas. «Conviven en estos casos la falta de suficiente identificación de la persona y la imposibilidad de determinar o fijar un domicilio conocido como residencia habitual», indican desde la Fiscalía General del Estado.
JUSTICIA PARA PERSONAS MAYORES
En España, casi el 20% de la población española tiene más de 65 años. Es por ello que hay una parte importante que se puede considerar analógica. Es por ello que la actual digitalización que se está realizando en la Administración de Justicia puede llegar a generar un proceso de exclusión de las personas culturalmente analógicas. Para ello es necesario que se creen instrumentos estructurales para superar esa brecha digital.
De esta manera, hasta el momento, la Justicia ha sido un espacio con poca accesibilidad para las personas mayores que tienden a acudir a ella, aunque lo necesiten. Por tal motivo, el objetivo debe pasar por contar con mediaciones institucionales y procedimientos adaptados que faciliten su uso.
Por lo tanto, el objetivo de la Fiscalía General del Estado debe pasar por realizar acciones que estén dirigidas a mejorar la accesibilidad de las personas mayores a la Justicia.
UNA JUSTICIA INCLUSIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tras conocer los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado debemos de tener en cuenta que se busca una justicia inclusiva para las personas mayores y con discapacidad. Y es que existen «numerosas barreras» a la hora de relacionarse con el ámbito judicial para estos colectivos, de tal manera que habrá que buscar una solución para ellos.
Un ejemplo de recurso útil para mejorar la accesibilidad de estos colectivos pasa por introducir el recurso de la lectura fácil, ya que es «un instrumento muy eficaz para mitigar las dificultades comunicacionales». Otras opciones para mejorar la inclusión de estas personas pasa por adaptar las sedes judiciales para asegurar la accesibilidad o emplear la tecnología para facilitar el acceso tanto a profesionales como a usuarios con diversidad funcional.
«La Unidad ha continuado centrada en el impulso durante 2022 de la incorporación a la práctica judicial y fiscal de los distintos ajustes del procedimiento que sean necesarios en aras a lograr una justicia inclusiva, que permita a las personas con discapacidad actuar en un proceso judicial en condiciones de igualdad», finaliza la Fiscalía en su informe.
