El nuevo baremo de discapacidad se puso en marcha el 23 de abril de 2023, reemplazando al decreto que fue aprobado en 1999. Este cambio fue muy celebrado por el movimiento de la discapacidad, que se marcaba como un paso muy importante hacía la inclusión. Y es que el cambio respondía a una demanda de actualización impulsada por el colectivo de personas con capacidades diferentes en España, cifrado en 4,38 millones, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).
El nuevo baremo de discapacidad no solo buscaba actualizar y mejorar el proceso de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sino que también se alinea con el modelo social recomendado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este enfoque refleja un compromiso con la equidad y la consideración de la diversidad de capacidades
Piden al Gobierno que lleve a cabo la evaluación del nuevo baremo de discapacidad
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que proceda a llevar a cabo la evaluación del nuevo baremo del grado de discapacidad. Este toque de atención llega más de un año desde que entro en aplicación dicho baremo.
De esta manera, el CERMI invoca la disposición adicional quinta del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que enuncia el mandato de que «transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este Real Decreto, el IMSERSO en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes».
El CERMI solo se ha marcado un objetivo y pasa porque la evaluación solicitada sea un paso crítico para asegurar que el nuevo baremo cumple con su objetivo de proporcionar un sistema justo y eficaz.
Las personas con discapacidad señalan los problemas
Esta situación ha provocado que muchas personas con discapacidad, y sus familias, denuncien los problemas con los que se están encontrando. Lo que está ocurriendo es que se están produciendo retrasos significativos en las valoraciones del grado de discapacidad por parte de las Comunidades Autónomas. En algunos casos, estos retrasos pueden extenderse hasta dos años, lo que provoca una carga considerable tanto para las personas afectadas como para sus cuidadores.
Como solución a estos problemas, el CERMI ha solicitado a las Comunidades Autónomas que amplíen y refuercen sus estructuras de valoración de la discapacidad. Además, se enfatiza la necesidad de una formación intensiva del personal en el manejo del nuevo baremo y su soporte tecnológico. Estas acciones son esenciales para garantizar una aplicación eficiente y uniforme del baremo en todo el país.
La solución para acabar con estos retrasos en las valoración pasa por contar con planes de choque especializados contra dicha problemática. Y estos planes deben de ser una prioridad dentro de la acción social de las Comunidades Autónomas. Los expertos aseguran que la mejora en la rapidez y precisión de las evaluaciones de discapacidad no solo beneficiará a las personas directamente afectadas, sino que también mejorará la eficiencia del sistema de bienestar social en general.
