Buenas noticias para las personas con discapacidad y es que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha dado luz verde al proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar el despido automático de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente sigue adelante. Y además incorpora novedades, como que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
En este sentido, la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ya ha aprobado el texto, que ahora seguirá su tramitación, menos sinuosa, en el Senado. Otro de los cambios que propone es una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de Trabajadores con el fin de desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
Adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías y militares con discapacidad
La inclusión laboral de las personas con discapacidad es una de las grandes vías que se utilizan para confirmar la integración de este colectivo en la sociedad.
Es por ello que la enmienda que se ha aprobado encarga al Gobierno de que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
Eliminar el despido automático en los casos de incapacidad permanente
Otro de los grandes objetivos de esta nueva ley pasa por eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a dos situaciones, como son:
- Voluntad de la persona trabajadora
- Posibilidad de adaptar el puesto de trabajo
- Existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación
De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Eso sí, esa supuesta «carga excesiva» estará controlada, ya que se ha introducido una enmienda que recoge que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pagar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa «carga excesiva».
Este nuevo proyecto de ley ha sido aprobado por todas los partidos políticos a excepción de Vox, que justifica su rechazo en que la norma «deja en el aire» la garantía de las prestaciones por incapacidad permanente total porque «ya no dependerán del Estado sino de la viabilidad de cada empresa». Juan José Aizcorbe, diputado de Vox ha señalado que esta normativa penalizará al trabajador con discapacidad, ya que si se le reubica en la empresa «perderá la pensión».
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido esta aprobación por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, una «discriminación histórica que aún subsistía» en el ordenamiento jurídico-laboral.
