El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Congreso y al Senado una reforma legislativa para que los ingresos recaudado en infracciones contra los derechos de las personas con discapacidad se que destinen a programas para lograr la accesibilidad universal de este colectivo.
En concreto, proponen modificar la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo, a la que quieren incorporar una nueva disposición adicional que recoja esta situación.
La entidad señala que el objetivo es solucionar los «notables déficits» que todavía existen en España en cuanto a la consecución del objetivo de accesibilidad universal y que, en muchas ocasiones, se debe a la falta de recursos económicos públicos que la sufraguen.
El CERMI explica que estos ingresos «dejarían de engrosar indirectamente al Tesoro Público para destinarse específicamente a un órgano especializado de la Administración General del Estado, el organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad, que los dedicaría, por tanto, a la dotación de programas de promoción y extensión de la accesibilidad universal en cooperación con el Tercer Sector de Acción social de la discapacidad.
«La orientación finalista de nuevos recursos acelerará la transformación en clave de accesibilidad universal que necesita urgentemente nuestra sociedad», ha indicado la organización.
