Las personas con movilidad reducida se enfrentan cada día a múltiples desafíos. Uno de las más comunes es el acceso a la vivienda, ya que la mayoría de los edificios no están adaptados a sus necesidades. En muchos edificios antiguos, no existen rampas, ascensores adaptados ni otras soluciones accesibles. Además, en ocasiones, la cosa se complica si los vecinos se niegan a hacer frente al gasto de las obras necesarias.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, amparan a las personas con movilidad reducida obligando a las comunidades a realizar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad.
¿Qué dice la ley en 2025 sobre la accesibilidad en los edificios?
Entre otras cosas, la ley protege a las personas con movilidad reducida a la hora de mejorar la accesibilidad de los edificios con la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras o cualquier medida necesaria. La legislación vigente en España, obliga a los vecinos a realizar las obras de accesibilidad cuando las solicita una persona con discapacidad o mayor de 70 años.
Eso sí, uno de los requisitos que incluye la normativa es que el coste de estas reformas no supere las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. En cualquier caso, existe ayudas públicas que están destinadas a estas necesidades de las personas con discapacidad.
El artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal establece que estas obras no requieren votación previa de la comunidad, sino que son de obligado cumplimiento si se cumple el requisito anterior «siempre que el coste no exceda los límites legales”.
Tal y como recoge la ley en 2025, en caso de que el coste supere este límite, los vecinos deberán presentarse a una votación. Para que se aprueben las obras de accesibilidad, se deberá lograr mayoría simple en junta, aunque existen ayudas públicas que pueden cubrir hasta el 75% del presupuesto.
¿Qué debes hacer si tus vecinos se niegan?
A pesar de que, por norma general, los vecinos suelen aceptar la realización de estas obras, lo cierto es que existen casos en los que las personas con movilidad reducida se encuentran con una respuesta negativa.
Si este es tu caso, estos son los pasos que los expertos recomiendan dar para tomar medidas legales en España:
| Paso | Acción | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud por escrito a la comunidad | Debe presentarse con justificación médica o legal de la discapacidad. |
| 2 | Convocatoria de junta extraordinaria | Para discutir las obras y presentar presupuesto. |
| 3 | Solicitud de ayudas públicas | Subvenciones estatales y autonómicas pueden reducir el coste total. |
| 4 | Reclamación judicial | Si la comunidad se niega a cumplir la ley, se puede acudir a los tribunales. |
| 5 | Contacto con el defensor del pueblo o asociaciones de discapacidad | Pueden mediar o apoyar en procesos legales. |
En 2025, el Plan Estatal de Vivienda mantiene líneas de ayudas específicas para la rehabilitación y adaptación de viviendas a personas con movilidad reducida.
Estas subvenciones están gestionadas por las comunidades autónomas, y pueden cubrir entre el 40 % y el 75 % del coste de la obra, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante y de la actuación.
En España, como ya hemos dicho, la ley respalda a las personas con movilidad reducida que necesiten adaptar el acceso a su vivienda con obras de accesibilidad. Así, tienen posibilidades de conseguir mejorar su calidad de vida a través de ayudas públicas y leyes.
En cualquier caso, siempre es conveniente que pidas asesoría legal para que realices cada paso según la legislación vigente. Y es que aunque tus vecinos se nieguen a realizar las obras, la ley suele respaldas a los colectivos vulnerables.
