La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez, ha declarado que «al menos el 10% de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas tenían discapacidad«. Además, ha añadido que «existe un alto porcentaje de mujeres que han desarrollado una discapacidad a raíz de la violencia ejercida por sus agresores».
Así lo ha puesto de manifiesto durante las Jornadas: ‘La transformación de la Justicia al servicio de las personas’. Concretamente en la mesa redonda ‘Una justicia al alcance de todas las personas: accesibilidad y perspectiva de género’, que tuvieron lugar en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en Madrid.
En esta mesa se han abordado los principales obstáculos/dificultades que encuentran las mujeres con discapacidad en el acceso a la Administración de Justicia desde diferentes perspectivas, así como las medidas que se están tomando por parte de los profesionales para superar dichos obstáculos. Junto a Caballero, han intervenido:
- Àngels Garcia Vidal, directora general para el Servicio Público de Justicia
- Ana Isabel García León, fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado
- Luis Humberto Villalobos Oviedo, miembro de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público de Costa Rica
Las invisibilización de la violencia sobre las mujeres con discapacidad
La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres ha focalizado su discurso en aquellas mujeres que tienen discapacidad y que sufren o han sufrido violencia de género. Y es que considera que son los delitos que más afectan a este sector de la población y, además, los más invisibilizados.
Por un lado, Caballero ha expuesto que es necesario empoderar a estas mujeres. Deben de ser conocedoras de sus derechos y que, por tanto, se le facilite formación. Por otro, ha incidido en la necesidad de establecer un sistema de justicia accesible desde diferentes ámbitos: acceso físico, económico, lingüístico e informativo.
Finamente, Caballero ha culminado su intervención exigiendo al Consejo General del Poder Judicial que todas las estadísticas que elabore estén desagregadas por discapacidad. De esta manera, se puede conocer mejor la información relativa a la violencia ejercida a las mujeres con discapacidad.
