Este lunes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó a cabo su segunda reunión con representantes de la patronal y sindicatos con el objetivo de revisar la normativa relacionada con las pensiones. La ministra Elma Saiz está centrando su atención en la jubilación anticipada y propone avanzar en el retiro de los trabajadores de sectores con altos índices de bajas y accidentes.
Este aspecto forma parte del primer borrador enviado a los agentes sociales, quienes expresan reservas tanto sobre las variables consideradas para justificar la jubilación anticipada como sobre la confiabilidad de las actuales estadísticas oficiales que respaldan dichos índices.
Hoy en día, la legislación española ya incluye la opción para que ciertos grupos puedan retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación, establecida en 66 años y seis meses para el año 2024, sin que esto resulte en una reducción de sus pensiones. Algunos de estos colectivos incluyen a los policías locales, trabajadores ferroviarios y bomberos que prestan servicio en organismos y administraciones públicas.
Actualmente, el Gobierno está en proceso de negociar cambios en los criterios que determinan qué colectivos pueden o no acceder a la jubilación anticipada. Los representantes de la Seguridad Social han propuesto considerar «factores como la frecuencia, persistencia y duración de las ausencias laborales, así como las incapacidades permanentes o los fallecimientos que puedan derivarse», según informaron fuentes del departamento liderado por Saiz.
¿Qué criterios tomarán en cuenta para la jubilación anticipada?
Hasta ahora, la primera propuesta presentada no ha logrado obtener la aprobación de los agentes sociales. La negociación se prevé bastante extensa, con meses de intercambio de documentos y concesiones, aunque la primera propuesta, especialmente a los ojos de los sindicatos, tiene un amplio margen de mejora. En la reunión inaugural de la legislatura, los sindicatos advirtieron que la propuesta del Gobierno podría generar sesgos de género indirectos.
En sectores altamente ‘feminizados‘, como es el caso de las camareras de piso, las enfermedades laborales suelen subestimarse, ya que las empleadas rara vez causan bajas. En lugar de eso, continúan trabajando bajo medicación. Según fuentes sindicales, esta casuística quedaría excluida de los índices objetivos que el Ministerio de Seguridad Social pretende establecer.
Durante las negociaciones de la legislatura anterior, el Gobierno y los agentes sociales anticiparon la intención de modificar los coeficientes reductores, acordando revisar el catálogo de profesiones elegibles cada 10 años.
Cabe destacar que alterar la normativa sobre jubilación anticipada afecta directamente a las empresas, ya que los sectores considerados «penosos» contribuyen con mayores cotizaciones a la Seguridad Social que aquellos que no lo son. Esto se diseñó para aumentar los ingresos públicos, ya que los empleados de estos sectores trabajan menos años. Por lo tanto, ampliar la lista de gremios considerados como penosos aumentará los costes laborales para las empresas o la Administración.
Actualmente, el Ministerio tiene alrededor de 70 expedientes sobre la mesa, presentados por asociaciones, empresas o trabajadores que solicitan el reconocimiento de su profesión como penosa, lo que habilitaría un retiro anticipado. La Seguridad Social deberá decidir si resuelve estos expedientes, ya sea de manera positiva o negativa, antes o después de consensuar la nueva normativa con los agentes sociales.
Las negociaciones están en curso, y en los próximos días, el Gobierno enviará una propuesta por escrito a la patronal y los sindicatos sobre jubilación parcial y contrato de relevo, dos prioridades para los agentes sociales que quedaron pendientes de abordar en la legislatura anterior. En este contexto, la Seguridad Social podría incluir propuestas relacionadas con su objetivo de maximizar las oportunidades e incentivos para que los trabajadores decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación y compatibilizar parte de su pensión con su salario.