La presencia de personas con discapacidad en puesto elevados de la función pública, como inspectores, jueces o fiscales, es una de las tareas pendiente que tiene España. Así lo han reclamado representantes de la administración y agentes sociales en Fundación ONCE. Todo ello se debe a que actualmente estos colectivos está todavía “infrarrepresentado” y sufre a veces “desigualdades objetivas” en los procesos selectivos.
Los representantes de administración y sociedad civil hicieron esta reclamación en la jornada ‘La diversidad en la Función Pública: Acciones para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos del Grupo A’, organizada por Fundación ONCE con el objetivo de encontrar fórmulas para incrementar la representación de este colectivo en puestos superiores de la función pública.
Fundación ONCE apuesta por las adaptaciones metodológicas
Entre estas fórmulas, Fundación ONCE apuesta por aprobar una guía de adaptaciones metodológicas para los opositores con discapacidad, en línea con otras guías y recomendaciones adoptadas en las universidades para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación en el acceso que dicen sufrir algunos aspirantes por no contar con las adaptaciones requeridas.
Clara Mapelli Marchena, secretaria de Estado de Función Pública, señalaba que las administraciones públicas deben trabajar siempre bajo la convicción de que convierten en reales los mandatos legales y por tanto los derechos fundamentales para todas las personas. Desde esta perspectiva, reconoció que en el campo del acceso al empleo público de las personas con discapacidad tienen “desafíos” como la superación de “asimetrías informativas” que hacen que no siempre les llegue la información como debería, o la profesionalización de los órganos de selección para que conozcan las necesidades y derechos de los aspirantes con discapacidad.
Pese a esto, animó a las personas con discapacidad cualificadas para ello a que se preparen oposiciones y formen parte de la Administración del Estado. Porque, finalizó, “no estaremos cumpliendo bien nuestra tarea si no somos capaces de incorporar todo el talento social a todas las organizaciones”.
«Empleo decente» para las personas con discapacidad
En la misma línea, Martín Blanco abogó también por mejorar la información sobre los procesos selectivos en la Administración Pública, pero fue más allá y apostó por el “empleo decente” de las personas con discapacidad, porque “tener un empleo no significa que el derecho al trabajo esté satisfecho”, justificó. “No solo vale con acceder; hay que velar por el progreso y la participación de las personas con discapacidad en su entorno de trabajo”, recalcó.
Como Martín Blanco, el presidente del CERMI señaló que es necesario mejorar cuantitativa pero también cualitativamente la presencia de personas con discapacidad en la Administración Pública y más aún en los cuerpos superiores. Puso igualmente el acento en la importancia “del factor escaparate” que tiene para la ciudadanía ver a personas con discapacidad en puestos públicos.
Finalmente, Martínez Donoso recogió el guante de la demanda de mayor presencia de personas con discapacidad en cargos elevados de la administración y aseguró que hay “caldo de cultivo suficiente para que los universitarios con discapacidad puedan acceder a todos los cuerpos superiores de las administraciones públicas” y que, por eso, es posible cubrir el cupo de reserva que establece la ley para ellas. “Creemos que estamos en condiciones de asumir el reto de cubrir todos los cupos de reserva en las diferentes convocatorias de las administraciones públicas. Cada año varios centenares de jóvenes con discapacidad y con mucho talento se gradúan en las universidades españolas”.
