Según un informe presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) “los reclusos con discapacidad sufren maltrato y discriminación institucional” los cuales se plasma en “frecuentes vulneraciones de derechos”.
En total, más de 4.800 personas con discapacidad están internas en cárceles españolas, aunque en el estudio admiten que esta cifra podría ser más elevada, dados que, en ocasiones, no están reconocidos como tal.
En el comunicado de Cermi se recoge la normativa penitenciaria y su adaptación a los estándares de la ONU para personas con discapacidad. Es por ello que, guiándose en estos estándares, se evidencia que “los presos viven en unas condiciones “de privación de libertad que terminan siendo más intensas, de peor calidad y de mayor duración” que la del resto de reclusos.
Según el informe que ha sido elaborado por la doctora en Derecho Patricia Cuenca, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, es necesario cambiar la legislación penitenciaria en España para adaptarla a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde 2008 en España.
Además, en el informe detalla la “escasa sensibilidad del legislador” respecto a las necesidades y experiencias de las personas con discapacidad.
Según datos de 2017, en España, 4.823 presos tienen alguna discapacidad. De estos, 1.603 tienen discapacidad mental (33%), 1.356, física (28%); 1.411 presentan multidiscapacidad (29%); 114, discapacidad sensorial (2%), y 339, intelectual (7%).
El estudio pone de manifiesto “el doble castigo que padecen se debe a que a la pena de cárcel se suma la falta de adaptación del entorno penitenciario, que supone que no puedan participar en la vida en prisión, y que se vean vulnerados los derechos que sí tiene el resto de reclusos”.
Por ello, insiste en que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial “no deberían estar en la cárcel” y en que “debe mejorarse el proceso penal para que se detecten los casos que ahora pasan desapercibidos”.
Para ello propone la creación de “servicios sociosanitarios dependientes de las comunidades autónomas para que estas personas puedan recibir un tratamiento”.
Aunque matiza que “no quiere decir que se fomente un espacio de impunidad ni de privilegio, sino que se tenga en cuenta que la cárcel no es el entorno adecuado, que no favorece la reinserción”.
