El pasado mes de octubre de 2024, el Gobierno de España aprobó definitivamente la denominada Ley ELA, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta Ley también recoge ciertas implicaciones en relación al reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente.
La Ley ELA está en vigor desde el 31 de octubre de 2024, tras su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras varios años de lucha y reivindicación, el Gobierno de España aprobó la ansiada Ley ELA.
Beneficios de la Ley ELA
Desde el Ejecutivo Central explican que «la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Esta patología provoca la atrofia muscular hasta dejar al paciente totalmente inmóvil, sin poder realizar tareas básicas como comer, hablar o respirar, pero con las facultades mentales y cognitivas intactas».
Hablamos de una enfermedad que en España afecta a unas 4.000 personas. Cada año se diagnostican 900 casos nuevos. Se trata de una de las patologías más duras a las que se puede enfrentar el ser humano, ya que hasta el momento no tiene cura.
La supervivencia del paciente oscila entre 3 y 4 años a partir de su diagnóstico. Por todo ello, el objetivo prioritario de la Ley ELA es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su entorno.
Uno de los aspectos que recoge la Ley ELA es un aumento de la rapidez a la hora de conceder una pensión de incapacidad permanente o un determinado grado de discapacidad en ciertos casos concretos.
Según informan desde la Seguridad Social, para acceder a todas las acciones que recoge la Ley ELA, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener una condición irreversible y una reducción significativa de la supervivencia.
- No haber tenido una respuesta significativa al tratamiento.
- Que no existan alternativas terapéuticas que vayan a mejorar el estado funcional o pronóstico de estas personas.
- Necesitar cuidados sociales y sanitarios complejos, que supongan un alto impacto para el entorno cercano de las personas afectadas.
La Ley establece que el Gobierno de España deberá publicar un listado de enfermedades y procesos concretos que se recojan dentro del ámbito de aplicación de la Ley ELA. Para ello, el Ejecutivo Central dispone de un plazo de un año desde la entrada en vigor del BOE.
Agilización de trámites para incapacidad permanente y discapacidad
Según establece el Gobierno de España, otro de los requisitos para beneficiarse de la Ley ELA consiste en «tener una rápida progresión en algunos de estos procesos que requiera acelerar procesos administrativos de valoración y reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia».
De este modo, la nueva legislación determina el reconocimiento automático de una discapacidad igual o superior al 33% para cualquier persona en situación de dependencia o para pensionistas en situación de incapacidad permanente.
En este sentido, la norma establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad con un plazo máximo de tres meses. También ocurrirá del mismo modo en el caso de incapacidad permanente. Son algunos de los cambios que incluye la Ley ELA.
Como conclusión, desde el Ejecutivo Central argumentan que «se define un procedimiento específico para la calificación del grado de dependencia, el derecho a prestaciones y la revisión del programa individual de atención, también con un plazo máximo de 3 meses».
