El pasado jueves 14 de diciembre, la Ley de Dependencia cumplió 17 años. Fue en 2006 cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía la nueva normativa de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En dicho artículo se recogía que la «atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía».
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han informado que actualmente existen más de 1,5 millones de personas reconocidas con dependencia. A esto hay que sumarle los 45.360 fallecidos al año sin atención y 310.429 desatendidos.
En concreto, ha expuesto que, a fecha de noviembre de 2023, existen 1.563.108 personas en España en situación de dependencia reconocida. A esto hay que sumarle 124.326 están pendientes de valoración, en lista de espera. Estos datos exponen que el 3,3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
162.411 PERSONAS EN EL «LIMBO» DE LA DEPENDENCIA
Si hablamos del «limbo» de la dependencia, actualmente hay 162.411 personas a fecha de diciembre de 2023. Si a esa cifra le sumamos las pendientes de valoración (124.326 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.692) alcanzan las 310.429 desatendidas.
También asegura que 45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia, de las que 19.661 están pendientes de resolución de grado y 25.699 están sin haber podido ejercer sus derechos. Esto, según apunta, supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia. Lo que supone una cada 12 minutos. Además, explica que el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia es de 323 días, aunque en cuatro comunidades agrega que se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
Igualmente, en el informe presentado, la asociación ha incluido el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan con Teleasistencia (60%), «a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio».
Por otro lado, señalan que hay un 13,8% de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606 personas) y que se han generado 316.215 empleos directos en España asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia. A esto hay que añadirle los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS PERSONAS EN LISTA DE ESPERA
Si hacemos un listado con las comunidades autónomas que cuentan con más personas en lista de espera a la dependencia, sería el siguiente:
- Cataluña (27%)
- La Rioja (18,9%)
- País Vasco (17,5%)
- Canarias (16,9%)
- Extremadura (15,7%)
- Murcia (14,7%)
- Andalucía (11,9%)
- Baleares (11,1%)
- Asturias (8,7%)
- Comunidad Valenciana (7,32%)
- Comunidad de Madrid (5,4%)
- Navarra (4,8%)
- Cantabria (4,7%)
- Galicia (4,6%)
- Aragón (4%)
- Castilla-La Mancha (3,7%)
- Castilla y León (0,18%)
Por otro lado, se habla de una «desigualdad territorial» cuando se habla de financiación. En este caso, las CCAA que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros). Por su parte, las que menos son Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).
«Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, en el sistema de atención a la dependencia, a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas», lamentan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
La asociación opina que es «necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento».
