El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha advertido de que las personas con discapacidad experimentan «quiebras sustanciales en el goce y disfrute del derecho humano a la vivienda», a pesar de estar contemplada esta realidad de forma específica en tratados internacionales y en la propia Constitución.
Según ha informado el CERMI así lo ha trasladado la entidad en respuesta a un cuestionario del relator de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, en el que pone como ejemplos de textos legales que consagran este derecho el Pacto Internacional de los Derechos Sociales Económicos y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea Revisada, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.
En este sentido, el Comité reconoce «los progresos normativos a nivel estatal», pero pone el acento en que la regulación en vivienda «sigue sin acomodarse totalmente» a los mandatos de los tratados internacionales de derechos humanos, «lo que debe corregirse, a tenor de las diferentes recomendaciones que ha realizado España a Naciones Unidas».
Así, el CERMI considera que existe «inseguridad jurídica» para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, por lo que pide que se promueva una regulación que «contenga y otorgue efectividad, especialmente en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos».
Además, la entidad reclama al Estado español que impulse «un plan de desinstitucionalización que afecte de forma transversal a las políticas de vivienda y de atención a la dependencia, con dotación presupuestaria suficiente, con el fin de garantizar la vida independiente con los apoyos necesarios».
A su juicio, también urge a «eliminar las barreras de acceso a la justicia que siguen sufriendo» las personas con discapacidad, lo que «dificulta que puedan acudir a los tribunales en igualdad de condiciones en situaciones de desalojo forzoso o cuando una comunidad de vecinos se niega a realizar reformas para acabar con barreras arquitectónicas que impiden a las personas con movilidad reducida entrar y salir libremente de su hogar».
De este modo, pide que se ejecuten «todas las acciones encaminadas» a garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas con discapacidad, porque «no tener hogar es mucho más que estar sin techo, porque vivir en un hogar, en una casa, conlleva muchos más puentes y enlaces que la sola existencia de unas llaves y un edificio de ladrillo».
