La Junta de Andalucía ha abierto el plazo para que refugiados ucranianos sin recursos puedan solicitar la ayuda de 400 euros mensuales durante seis meses, cantidad que se incrementará con 100 euros por menor a cargo. De este modo, las personas beneficiarias serán los nacionales ucranianos que hayan obtenido el estatus de protección temporal por parte del Estado a causa del conflicto en Ucrania, estén empadronados en algún municipio andaluz y acrediten su carencia de medios económicos a través de una declaración responsable.
La ayuda, que asciende a un montante total de 6,1 millones de euros, subvenciona la cobertura de necesidades básicas de estas personas en situación de vulnerabilidad social y será gestionada por Cruz Roja Española en Andalucía. Además, las personas demandantes no pueden percibir ninguna otra prestación por el mismo concepto en otra comunidad autónoma.
Cómo solicitar la ayuda económica
La instancia, que se ha emitido en ambos idiomas (español y ucraniano), se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de este año en las distintas delegaciones que Cruz Roja Española tiene repartidas por todo el territorio andaluz. Además, se podrá reconocer la ayuda con efectos retroactivos desde agosto, en el caso de que durante dichos meses cumplieran todos los requisitos, para lo que el primer pago La Junta de Andalucía ha abierto el plazo para que refugiados ucranianos sin recursos puedan solicitar la ayuda de 400 euros mensuales durante seis meses, cantidad que se incrementará con 100 euros por menor a cargo.
De este modo, las personas beneficiarias serán los nacionales ucranianos que hayan obtenido el estatus de protección temporal por parte del Estado a causa del conflicto en Ucrania, estén empadronados en algún municipio andaluz y acrediten su carencia de medios económicos a través de una declaración responsable.
Subvención para personas en situación de vulnerabilidad
La ayuda, que asciende a un montante total de 6,1 millones de euros, subvenciona la cobertura de necesidades básicas de estas personas en situación de vulnerabilidad social y será gestionada por Cruz Roja Española en Andalucía. Además, las personas demandantes no pueden percibir ninguna otra prestación por el mismo concepto en otra comunidad autónoma.
La instancia, que se ha emitido en ambos idiomas (español y ucraniano), se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de este año en las distintas delegaciones que Cruz Roja Española tiene repartidas por todo el territorio andaluz.
Además, se podrá reconocer la ayuda con efectos retroactivos desde agosto, en el caso de que durante dichos meses cumplieran todos los requisitos, para lo que el primer pago acumulará los meses reconocidos. En el caso de que los posibles beneficiarios dispongan de alguna retribución, esta no puede superar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Mediante esta ayuda se busca dar cobertura a las necesidades básicas y en condiciones de dignidad de las familias ucranianas más vulnerables que han llegado a Andalucía de forma masiva y concentrada en el tiempo. Y es que, la guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de grandes flujos de personas residentes en ese país a otros países de su entorno. Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, el número de personas desplazadas superaría los siete millones, habiéndose dirigido la mayor parte de ellas a países europeos.
En el caso de España se estima que desde el inicio del conflicto ha llegado cerca de 130.000 personas, además de aquellas otras que ya se encontraban en nuestro país cuando estalló el conflicto y ahora no pueden regresar al mismo. Los datos actualizados a 19 de diciembre de 2022 relativos a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania cifran que en Andalucía se encuentran 21.808 personas que han solicitado protección temporal.
A través de la subvención directa a una entidad privada de experiencia constatada, como Cruz Roja se apuesta por articular una fórmula ágil y rápida que permita la gestión de estos fondos, procedentes del Gobierno central, a refugiados ucranianos sin recursos económicos. En este sentido, cabe señalar que las personas beneficiarias necesitan una atención más personalizada, una traducción de la información, así como requieren una orientación y acompañamiento para su solicitud con una intensidad mayor que la que se ofrecería a beneficiarios ordinarios de una subvención.