Tras un largo proceso judicial, Isabel Alastuey podrá opositar para conseguir un puesto como registradora de la propiedad. Antes de esta sentencia, Isabel tuvo que vivir en sus propias carnes como una coyuntura pudo apartarla del proceso opositor, debido a que la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) decidió el 2 de agosto de 2016 que la zaragozana «no reunía capacidad funcional para el desarrollo de las tareas propias de la escala».
Esta decisión fue reafirmada en enero de 2017 por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, pero Isabel no se rindió y decidió seguir adelante hasta conseguir su objetivo, que no era otro que poder opositar como cualquier otra persona. Para ello decidió interponer un contencioso administrativo a través del bufete madrileño Suárez & Maraña Abogadas. Un recurso que se ha resuelto en favor de sus intereses.
Tras una larga espera, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Madrid sentenció que “la recurrente posee capacidad intelectual y volitiva plenas, a la vez que las funciones de notario y registrador son exclusivamente intelectuales, no requiriendo específicos concretos y físicos, de tal suerte que la movilidad reducida de la recurrente, quien debe desplazarse en silla de ruedas, no le impide la asunción de dichas funciones y su desempeño de manera correcta».
