Coincidiendo con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, este 2 de abril, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado el primer Plan de Acción para el trastorno del espectro del autismo (TEA) que, dotado con 40 millones de euros, se enmarca en una estrategia a nivel nacional durante los próximos tres años.
El trastorno del espectro del autismo es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, y que acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.
El Plan de Acción para el trastorno del espectro del autismo (TEA)
Según ha informado el Gobierno, este plan ha sido tratado en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad. Con dicho trabajo se busca seis líneas de acción específicas que contemplan un total de 33 medidas. Entre ellas encontramos:
- Fomentar la educación y el empleo inclusivos y de calidad de las personas en el espectro del autismo (28,2 millones de euros)
- Contribuir a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad de las personas con autismo (dotada con 4,6 millones de euros)
- Promover el acceso a la justicia y el empoderamiento de los derechos del colectivo (3,1 millones)
- Promover el conocimiento y respeto hacia las personas con autismo (2,7 millones)
- Impulsar la investigación, formación e innovación (468.000 euros)
- Favorecer la detección y diagnóstico precoz, así como al abordaje integral de la salud de las personas con autismo (320.000 euros)
15 líneas estratégicas del Plan de Acción
Además, el Plan se articula en torno a 15 líneas estratégicas, 4 de ellas transversales y 11 específicas. En este sentido, giran en torno a:
- Concienciación y sensibilización (elaboración y despliegue del Plan de Acción, investigación, formación y toma de conciencia)
- Accesibilidad (con la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad)
- Investigación (se creará un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo)
- Formación de profesionales, detección y diagnóstico (puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias)
- Atención temprana
- Intervención integral y específica (con un Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias).
- Salud
- Atención sanitaria
- Educación (becas y ayudas al estudio)
- Empleo (cuotas de reservas, entre otros)
- Vida independiente (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y desinstitucionalización)
- Inclusión social y participación ciudadana (igualdad de trato y la no discriminación)
- Justicia y empoderamiento de derechos (apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica)
- Apoyo a las familias y calidad
- Equidad y sostenibilidad de los servicios, con la creación del Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo.
Más de 127.000 personas tienen autismo en España
Según datos oficial que ha compartido el IMSERSO, en España, viven 127.612 personas con autismo, de las cuales 29.992 (23,5%) son mujeres y 97.620 (76,5%) son hombres. Ahora mismo, la prevalencia global del autismo es de, al menos, el 1% en la población. En Europa residen aproximadamente cuatro millones y medio de personas con autismo.
Como recuerda Derechos Sociales, la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015. Dicha norma sirve como marco de referencia para la definición de políticas y acciones en el ámbito estatal, autonómico y local. El Plan pivota sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se orienta a la igualdad de género.
Con la aprobación del Plan en 2015, el ministerio de Pablo Bustinduy destaca que por primera vez se abordaba la problemática a la que se enfrentan las personas con TEA y sus familias a nivel estatal. En esta propuesta han colaborado, además de las entidades del tercer sector, todos los ministerios y las comunidades autónomas.
