Casos fraudulento de ERTE en Andalucía. Así ha informado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España. En total se han detectado 288 infracciones, con un valor superior a 1,2 millones de euros.
En este caso ha sido a través de las campañas de detección de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fraudulentos derivados de la pandemia de la Covid-19.
La senadora malagueña Estefanía Martín Palop asegura que, ante la situación extraordinaria por la que atraviesa el país en los últimos meses, este organismo ha puesto en marcha una serie de campañas de actuación dirigidas a aquellas empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en el estado de alarma decretado en España.
Dichas actuaciones tienen como finalidad específica el control de la posible existencia de compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo, así como la verificación del cumplimiento de la prohibición de las empresas afectadas por un ERTE de realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad o concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los citados ERTE.
Concretamente, en el desarrollo de estas campañas de control de ERTE derivados del COVID, la actuación inspectora en las provincias andaluzas, desde abril de 2020 hasta finales de octubre, se han iniciado 5.395 expedientes, de los cuales 2.731 se encuentran finalizados, según los datos aportados en la respuesta parlamentaria a la senadora socialista por Málaga.
288 infracciones de los 2.731 expedientes concluidos
Así, de los 2.731 expedientes concluidos se han derivado 288 infracciones, por valor de 1.255.857,20 euros. Por provincias, Cádiz y Málaga son las que más acumulan, con 98 y 83 respectivamente; seguidas de Almería (27), Huelva (23), Jaén (21), Granada (14) y Córdoba y Sevilla (11).
Con respecto al importe de las infracciones, la mayor cuantía se da en la provincia de Málaga, con 448.369 euros; seguida de Cádiz, con 354.812,20; Almería, con 142.652,80 euros; Jaén, 99.771,20 euros; Huelva, 79.645,60 euros; Córdoba, 49.899,40 euros; Granada, 47.512 euros y, por último, Sevilla, con 33.195 euros, precisa la respuesta.
Tras conocer estos datos, Martín Palop ha indicado a Europa Press que las conductas fraudulentas en la tramitación de los ERTE derivados de la COVID-19 «va más allá de vulneración de los derechos de las y los trabajadores».
«Significa, además, vulnerar el principio de solidaridad así como el propio sistema de Seguridad Social construido para dar cobertura al conjunto de la sociedad, como pilar esencial de nuestro estado de bienestar», ha sostenido.
