La Junta de Andalucía ha confirmado que el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) de Andalucía será compatible con el empleo y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo ha informado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz; también ha adelantando que el Gobierno andaluz lo llevará «muy pronto» Parlamento andaluz.
La propia Rocío Ruiz ha destacado que que el IPII «tienes dos aspectos fundamentales que no son balidíes». Por un lado, «el foco lo ponemos en la infancia», destaca la consejera; mientras que por otro busca «romper la espiral de la pobreza estructural que existe en Andalucía, heredada de padres a hijos». .
Todo ello para que los menores «no repitan esos mismos modelos y caigan en la exclusión social y en el abandono del sistema educativo».
«La inclusión como meta»
Igualmente, según ha reseñado, incide en «la inclusión como meta. No es cuestión de dar una paga de por vida». Y es que de esa forma «se cronifica la pobreza»; mientras que el objetivo es «hacer un programa de inserción social y laboral» para que «se encuentre un empleo» que permita formular «un proyecto de vida». Y es que eso es «lo que al final le da dignidad a las personas», asegura Rocío Ruiz. Por tal motivo, ese es «nuestro enfoque, en el que estamos trabajando y muy prontito va a estar en el Parlamento».
Esta prestación, según ha recordado, sustituirá a la actual Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Además, es una prestación garantizada mensual que, por tanto, tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad de convivencia derivados de rendimientos del trabajo o del patrimonio que resulten insuficientes, así como con las prestaciones económicas y de servicios.
Esta nueva ayuda se enmarca en la Estrategia para la Infancia y la Inclusión, cuya formulación ya aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 22 de febrero. Por su carácter transversal, esta iniciativa servirá para articular y coordinar el conjunto de recursos del sistema público de servicios sociales de Andalucía. Todo ello con el objetivo de acabar con la mencionada «espiral de la pobreza estructural» de la comunidad.
El Ingreso Mínimo Vital y la renta andaluza
En este mismo contexto, Rocío Ruiz ha señalado que «el problema» que supone ahora «la subida del Ingreso Mínimo Vital», según ha recogido «un informe a nivel nacional de los gerentes de los Servicios Sociales», es que «se han dejado 1.000 millones sin ejecutar» del IMV. De esta manera, resulta que «en Andalucía tenemos un nivel de pobreza severa de 800.000 personas, a las que iban directamente el IMV», y la cuestión es que en el Gobierno central ha llevado a cabo «una gestión muy farragosa y muy lenta» del mismo «y no está llegando a las familias».
Así, «ha llegado al 25 por ciento de las familias previstas», según el citado informe. Esto ha provocado preocupación en la Junta de Andalucía. Por tal motivo, ha «ofrecido la mano al Ministerio de Inclusión». Todo ello tras haber firmado además «un convenio con UGT, la FAMP, el Colegio de Trabajadores Sociales y el Tercer Sector, pidiéndole al Imserso, en este caso, que, por favor, hiciéramos algún pacto para agilizar estos procedimientos», pues «las familias no podían esperar, y no hemos recibido respuesta», pero «seguimos abiertos al diálogo y al pacto».
Lo que importa, según ha subrayado Rocío Ruiz, es «agilizar procedimientos», que es lo que hizo el actual Gobierno andaluz con la Renta Mínima Andaluza, a la que se sustituirá por el mencionado IPPI, pues entre enero y marzo de este año se ha conseguido «la renta más alta en un primer trimestre de un año», que ha alcanzado la cifra de «27,2 millones» de euros, «que es altísima», gracias que «conseguimos, mediante un Decreto Ley, un procedimiento de agilización», a la vez que se han «incorporado 80 personas en un plan de refuerzo, valorado en 1,5 millones».
