El día 3 de mayo está marcado para las personas con discapacidad. Dicho día se conmemora el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un día que tiene el objetivo de dar «visibilidad» de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando se celebró dicha día en España, con la clara intención de conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006, hace ya más de 14 años, se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con relevante presencia española.
Este nuevo instrumento jurídico ha supuesto importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
El Reino de España firmó y ratificó esta Convención, más su Protocolo facultativo. Por ello, desde el 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Como hemos indicado, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo.
A esto hay que sumarle la ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad. También se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos.
Además, se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos. También en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.
España quiere eliminar el concepto «disminuido» de la Constitución
Una lucha que siempre ha estado ligado al sector de la discapacidad es la eliminación de algunas palabra peyorativas asociadas a las personas con discapacidad. Ejemplo de esto son los términos «disminuido», «minusválido» o «discapacitado».
De hecho en la propia Constitución aparece el término «disminuido» para hacer referencia a las personas con discapacidad, algo que muchas instituciones han pedido cambiar al Gobierno de España, que parece que ahora está por la labor de aprobar dicho cambio.
«Quiero anunciar que, una vez decaiga el Estado de Alarma, cuando constitucionalmente será viable proceder con trámites de reforma constitucional, queremos reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que algo que lleva demasiado tiempo detenido prosiga con rapidez», ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, durante un taller virtual organizado por CERMI.
Nacho Álvarez espera poder «avanzar con la celeridad que este trámite constitucional requiere». Además, ha recordado que «hay un amplísimo consenso en todos los niveles, administrativo y de todas las fuerzas políticas en el Congreso».
