Las pensiones no contributivas representan un apoyo económico esencial para aquellos ciudadanos que, cumpliendo con los criterios de edad para la jubilación, se encuentran imposibilitados de acceder a una prestación pública debido a la insuficiencia de sus cotizaciones previas.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), bajo la tutela del Gobierno, se encarga de asegurar un ingreso mínimo a las familias que lo necesitan, además de proporcionar asistencia médico-farmacéutica sin costo y servicios sociales adicionales.
Este tipo de subsidio fue ideado con el fin de brindar cobertura sanitaria y satisfacer las necesidades básicas de aquellos trabajadores que no alcanzaron a cotizar lo requerido por la Seguridad Social.
Cómo acceder a una pensión no contributiva
Para acceder a una pensión no contributiva, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como residir legalmente en España durante al menos dos años antes de la solicitud y demostrar ingresos inferiores al límite establecido. Estas pensiones se dividen en dos categorías: jubilación e invalidez, y su monto mensual se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Seguridad Social actualizó a final de 2023 las cifras de inflación interanual, lo que repercute directamente en la revalorización de estas ayudas. Así, las pensiones no contributivas verán un incremento del 6,9%, mientras que las de viudedad para cargas familiares menores de 26 años aumentarán un 14,1%. Las pensiones mínimas experimentarán un ajuste entre el 5% y el 7%, y las ordinarias subirán un 3,8%. Estos cambios, efectivos desde enero, beneficiarán a los pensionistas.
Para ser elegible para una pensión no contributiva por jubilación, es necesario haber residido en España por al menos diez años, dos de los cuales deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud, ser mayor de 65 años y no exceder el umbral de ingresos fijado en 7.250,60 euros anuales.
Límites para no perder la pensión
Si bien el ingreso personal es un factor clave, los límites pueden cambiar si el beneficiario potencial vive con otros miembros de la familia. La administración pública fija diferentes umbrales de renta en función de la unidad de convivencia:
- El demandante y su cónyuge: 12.326,02 euros anuales.
- El demandante, su cónyuge y/o un tercer pariente de segundo grado: 17.401,44 euros anuales.
- El demandante, su cónyuge y/o dos parientes más de segundo grado: 22.476,86 euros anuales.
El parentesco incluye padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos y hermanas hasta el segundo grado y menores. No se consideran parte de la unidad económica de convivencia las personas que conviven con el solicitante pero que no tienen matrimonio o parentesco de segundo grado, y sus ingresos no están incluidos en la pensión correspondiente.
Es importante resaltar que las pensiones no contributivas tienen como objetivo asegurar un soporte adecuado a ciudadanos que, por diversas razones, no cumplieron con los requisitos de cotización de la Seguridad Social, reflejando el compromiso del Estado con el bienestar de los más vulnerables, garantizando acceso a servicios médicos esenciales y un nivel de ingresos que cubra sus necesidades básicas.
La actualización anual de estas pensiones es fundamental para adaptar los beneficios a las variaciones económicas y ofrecer un respaldo efectivo a quienes más lo necesitan.
