No. Esa ha sido la respuesta del Gobierno a la propuesta de eximir de pagar impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. Dicha proposición de Ley fue presentada por el Partido Popular en el Senado con el fin de eximir del pago del IRPF a las ayudas establecidas por el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a estas personas.
Para quien no lo conozca, la talidomida fue un medicamento que se utilizó como sedante y calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo (hiperémesis gravídica), que provocó miles de casos de malformaciones congénitas. Sin embargo, en España estuvo desde 1950 hasta 1985. Recientemente, y con mucho retraso, se aprobó el RD 574/23, que otorga ayudas a unos pocos afectados reconocidos, excluyendo injustamente a la mayoría.
El Gobierno rechaza eximir de impuestos a las personas afectadas por la talidomida
Como hemos adelantado, el Gobierno ha rechazado eximir de impuestos a las ayudas a los afectados de la talidomida. Y es que, destacan que el coste de la exención ascendería a 20,3 millones de euros, lo que supondría «una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución».
El portal diariofarma recoge que el Gobierno de Pedro Sánchez dice que, aunque legalmente sería posible eximir a las ayudas, «el establecimiento de exenciones y demás beneficios fiscales determina una ruptura del principio de igualdad y generalidad que solo debe aplicarse cuando existan razones suficientemente justificadas».
El PP critica la decisión del Gobierno
Por su parte, el PP, que lanzo esta proposición de Ley, explica que «no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España, como es el caso de los afectados por VIH, que sí que están exentos de tributar por las ayudas percibidas». Además, el Partido Popular recuerda que en «el resto de países de nuestro entorno» se ha producido la misma exención total de impuestos.
Tras conocer la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha vuelto a presentar la proposición de ley con una única modificación respecto del texto previo. La primera de ellas, presentada el pasado mes de abril, establecía que la entrada en vigor de la ley se produciría al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora, la nueva proposición lanzada por el partido liderado por Alberto Feijoo establece que la entrada en vigor se produciría “1 de enero de 2025 con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado”.
Por su parte, Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida de España) y afectado reconocido como tal, siguen luchando para la exoneración del IRPF, y ha indicado que «el Gobierno quiere vetar una proposición para que nos exoneremos del IRPF cuando tiene 132 millones en caja y solo se ha gastado 48».
