Durante años, una mujer andaluza convivió con severas dolencias físicas y psicológicas que comprometían de forma evidente su capacidad para trabajar. A pesar de tener reconocido un grado de discapacidad del 49% y presentar un complejo historial médico, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó el reconocimiento de la incapacidad permanente. Alegaban que sus limitaciones no anulaban su capacidad laboral.
Sin embargo, tras agotar la vía administrativa, esta trabajadora acudió a los tribunales acompañada por el equipo jurídico de Fidelitis, despacho especializado en incapacidad laboral. Finalmente, la Justicia le dio la razón y le reconoció una pensión por incapacidad permanente absoluta, con efectos económicos desde el 27 de julio de 2023.
Una sentencia que contradice al INSS y reconoce el derecho a la pensión
La mujer trabajaba como cuidadora a domicilio bajo un convenio especial, al mismo tiempo que cuidaba de su hijo con gran dependencia. El 7 de mayo de 2023 solicitó al INSS la pensión por incapacidad, presentando un cuadro clínico complejo que incluía:
- Espondiloartropatía axial y periférica indiferenciada
- Espondiloartrosis
- Estenosis de canal cervical
- Protrusiones discales lumbares
- Coxartrosis
Pese a este diagnóstico y a contar con un 49% de discapacidad reconocido por la Junta de Andalucía, el INSS consideró que no existían reducciones funcionales que justificaran la incapacidad. Tras la denegación administrativa y la negativa a la reclamación previa, la mujer llevó el caso ante el Juzgado de lo Social Nº5 de Almería, donde se amplió el análisis clínico.
La sentencia recogió nuevas patologías como condropatía rotuliana, tendinitis de la pata de ganso, sacroileítis bilateral crónica y un trastorno afectivo severo con grave limitación funcional, entre otras dolencias. Finalmente, la jueza dictaminó que la mujer debía ser declarada en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, con derecho a percibir el 100% de su base reguladora, más revalorizaciones y atrasos desde julio de 2023.
Este caso vuelve a evidenciar la brecha existente entre las valoraciones del INSS y las resoluciones judiciales. Aunque la afectada logró su pensión por vía judicial, son muchas las personas que, con condiciones similares, no logran superar la negativa del sistema.